Más idiomas y más derechos para los alumnos

Clases de lengua extranjera para los alumnos de Infantil, un ordenador por cada dos estudiantes en todos los centros y libros de texto gratis durante toda la enseñanza obligatoria. Éstos son algunos de los retos que impone la Ley de Educación de Andalucía (LEA) que aprobó ayer el consejo de gobierno. La norma pretende rebajar los altos indices de fracaso escolar, garantizar por ley el acceso a servicios fuera del horario escolar (como las aulas matinales y los comedores) e incentivar al profesorado, que desde hace tiempo demanda que se reconozca más su labor.

Para garantizar la aprobación de la norma en la actual legislatura, el gobierno solicitará al Parlamento que la tramite por la vía de urgencia. La memoria económica de la ley cifra en 1.175 millones de euros lo que costará llevar a la práctica los compromisos que ahora adquieren rango legal, como que la mitad de los centros públicos (1.200) sean bilingües, que todos sean Tics (que tengan un ordenador por cada dos alumnos) y que se puedan desdoblar las clases de ESO en las materias principales (Lengua Española, Matemáticas y Lengua Extranjera).

Además, la ley contempla reducir a 20 el número de niños por clase de Infantil y Primaria y a 25 en Secundaria en los centros públicos y concertados que presenten más problemas socioculturales. Asimismo, los niños de cinco años recibirán una hora y media de clase de lengua extranjera a la semana, que se ampliará a tres horas semanales para los del primer ciclo de Primaria.

La ley recoge también incentivos de 7.000 euros para los profesores de centros públicos que cumplan con unos objetivos previamente acordados con la Junta. Cada colegio e instituto firmará con la administración una especie de contrato y por el mero hecho de participar recibirá una cantidad de dinero a cuenta durante tres cursos. Si al terminar el cuarto ha alcanzado los objetivos que se marcó, recibirá el resto. Asimismo, los miembros del equipo directivo verán duplicado el complemento económico que reciben por desempeñar este cargo.

La norma recoge también la creación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que será la encargada de avaluar si se han conseguido los objetivos que pactó cada centro, de coordinar la realización de pruebas de diagnóstico y de homologar los criterios de evaluación con otros organismos similares de otras comunidades.