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El Parlamento respalda retirar los pisos a la cúpula judicial

El debate sobre la decisión del Gobierno de retirar el disfrute de viviendas oficiales a altos cargos de la judicatura y de la fiscalía en el futuro llegó ayer al Parlamento, a raíz de una moción presentada por EA, que resultó aprobada con los votos del tripartito, Aralar y EHAK, la oposición del PP y la abstención socialista. La Cámara apoyó la decisión del Ejecutivo de recuperar las viviendas que disfrutan en estos momentos algunos magistrados y fiscales, una vez que sus actuales ocupantes cumplan su mandato en los puestos que ocupan.

Sus sucesores no tendrán ya ese derecho, desaparecido antes en otras comunidades autónomas, y las viviendas se dedicarán, según el mandato parlamentario dictado ayer por la Cámara, a necesidades institucionales o sociales. En caso de resultar esos usos imposibles, se venderán.

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en la conveniencia de suprimir ese tipo de privilegios, salvo el PP, que lo comparó con el hecho de que el lehendakari disfrute de una vivienda. Su portavoz, Antón Damborenea, atribuyó la decisión a "una rabieta" del Gobierno.

El portavoz del PSE, Jesús Loza, pidió cautela, aun conviniendo en el planteamiento de fondo y considerando ajustada a derecho la decisión. Loza aludió a los riesgos que corren los miembros de la judicatura por la amenaza terrorista y aconsejó tenerlos en cuenta a la hora de ejecutar la decisión.

Loza acusó al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de "falta de mesura" en ésta y otras cuestiones y consideró que hacerse interpelar primero por su propio partido hace dos semanas y plantear después la moción, que el portavoz socialista consideró una especie de cuestión de confianza, revela que ha necesitado buscar apoyo. "Cuando se pierde una moción de confianza se está obligado a la dimisión. No nos anime", le advirtió.

Destituir a Ruiz Piñeiro

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La controversia se abrió hace varios meses, cuando Azkarraga realizó el anuncio, en plena borrasca entre el Gobierno y el poder judicial por el encausamiento del lehendakari a causa de sus reuniones con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. El Ejecutivo acababa de advertir que esa actuación "no saldría gratis". La relación entre una y otra cosa propició la interpretación de que el tripartito actuaba por venganza, algo que ayer repitió el Partido Popular y que el Ejecutivo rechazó.

Pese a esa negativa, el portavoz del PNV, José Antonio Rubalkaba, llegó a explicitar su deseo de que se despoje del cargo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro. "La justicia saldría ganando con ello", sostuvo.

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