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Barberá se niega a pagar los 14 millones de la sentencia del TS

Alfonso Grau, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, aseguró ayer que el gobierno municipal no va a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Consistorio a dedicar 14 millones de euros a la promoción de viviendas sociales. El número dos de la alcaldesa Rita Barberá atribuyó la sentencia que condena a la gestión municipal a "un error de los servicios jurídicos municipales".

El dictamen condena al Ayuntamiento por vender terreno del Patrimonio Municipal del Suelo y no dedicarlo a la construcción de viviendas protegidas o compra de suelo para VPO, como obliga la Ley del Suelo. El equipo de Barberá obtuvo 14 millones de euros de la venta de una parcela en 2000 y lo invirtió en equipamientos. Grau mostró ayer las partidas municipales que distribuyeron ese dinero en zonas verdes y escolares entre otros gastos. Sólo destinó a viviendas protegidas 4,8 de los 14 millones de la venta.

La sentencia supone un sobregasto para las arcas municipales de 14 millones. Un desembolso que, según Grau, se debe exclusivamente a un error en la defensa de los abogados municipales. "Todos podemos cometer algún fallo en algún momento", esgrimió Grau.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2007