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Tribuna:EL RECURSO DE EXTREMADURA EN EL TC

La coherencia cotiza a la baja

Sorprende que un reputado profesor de derecho constitucional, como el señor Pérez Royo, termine su artículo "Disparate hasta el final", publicado el pasado día 4 en EL PAIS Andalucía, con la siguiente perla: "Afortunadamente es un presidente en funciones, que preside un Gobierno en funciones...".

Sobraría cualquier polémica con este catedrático sobre el resto del artículo. No se puede hacer más el ridículo. ¿Enseña el señor Pérez Royo a sus alumnos cuándo entra en funciones un gobierno y su presidente? ¿Qué les dice? ¿Suspenderá un alumno del señor Pérez Royo si en el examen final escribe que en un sistema parlamentario el presidente del Gobierno ejerce en funciones al día siguiente de celebrarse las elecciones para elegir un nuevo parlamento?

Toda la argumentación del articulista descansa en la falsa interpretación del gobierno extremeño y de su presidente. Se equivoca en esa apreciación (¡Escriba 100 veces que un Gobierno está en funciones después de la votación de los ciudadanos, señor Pérez Royo!) y, por lo tanto, yerra en toda su argumentación.

Hay que recordarle al profesor Pérez Royo que los diputados y senadores representan los intereses generales de España, independientemente de que su elección sea por una circunscripción provincial, por lo que su voto no representa a la Comunidad Autónoma correspondiente, en este caso concreto a Extremadura. ¿Quiere decir el profesor que si unos diputados electos por las provincias de una Comunidad Autónoma votan una cosa en el Congreso, desapoderan a la Comunidad Autónoma de sus derechos a acudir a la jurisdicción constitucional? Recuerde el catedrático que todas las leyes declaradas inconstitucionales lo han sido con absoluta independencia de lo que hubieran votado los diputados de uno u otro sitio. Sólo nos faltaría que su doctrina triunfara y que si los diputados de aquí o de allá votan un texto, ese texto ya es constitucionalmente inatacable. Ese disparate, que el señor Royo defiende, sería sencillamente abolir de facto el Tribunal Constitucional respecto de las cuestiones territoriales.

Lo que estamos defendiendo, desde Extremadura, es un modelo de Estado, el que interpretamos que dice la Constitución, y lo que el Tribunal Constitucional tiene que juzgar es si el artículo del Estatuto andaluz cabe o no en el texto supremo. Cuando defendemos la competencia estatal estamos defendiendo una situación mejor para Extremadura que la que recoge el nuevo Estatuto de Andalucía; preferimos un control estatal, de todos, que un control territorial de un recurso compartido. Ésa, señor Pérez Royo, es la discusión seria del asunto y no el enredo en el que usted se quiere meter con consideraciones superficiales y falsas que dan vueltas alrededor del asunto central (la oportunidad, quién defiende qué, un presidente que da la impresión de haberse sobrevivido políticamente, etcétera).

El colmo del desvarío es acusarnos de recurrir al Tribunal Constitucional a toro pasado; ¿es que acaso podríamos haber recurrido un proyecto? Recurrimos cuando podemos hacerlo, ni más ni menos. El catedrático tiene la obligación de saber que no podíamos haberlo hecho antes. Además, nadie puede decir que sea una sorpresa, una puñalada de pícaro, porque ya advertimos públicamente de esa posibilidad desde la fase más temprana de la redacción del Estatuto. Llevar una norma al Constitucional es siempre, y por definición, "prolongar el debate", eso es inevitable. Pero, de prolongar muchísimos debates es de donde sale una amplia jurisprudencia constitucional que ha defendido la Constitución y ha hecho más razonable nuestro sistema político. ¿O es que cuando Andalucía ha acudido al Tribunal Constitucional, en cualquier ocasión, no estaba haciéndolo "a toro pasado" y "prolongando el debate"?

Lo que me parece más indignante del artículo es que insinúe que un derecho que nos asiste, cual es recurrir al Tribunal Constitucional, es una especie de canto del cisne de un político que se va y que los que vengan podrían retirar el recurso. Ya sabemos que después de la visita del señor Arenas a Extremadura para leerle la cartilla al candidato del PP a la presidencia a la Junta de Extremadura, tal eventualidad podría producirse. En lo que se equivoca de principio a fin es que un gobierno del PSOE de Extremadura, sin Ibarra, rebajaría su perfil de defensa de los intereses extremeños y de un modelo de Estado concreto, el Constitucional.

Sorprende que quienes alardean de autonomistas acérrimos no lleguen a comprender que una región ejerza sus derechos con el único fin de defender aquello en lo que cree. Las llamadas de los partidos andaluces al presidente Chaves, exigiéndole que llame al orden al presidente extremeño, indica hasta qué punto el centralismo sigue metido en las neuronas de aquellos que más alardean de descentralización absoluta. Si un presidente autonómico tuviera que hacer lo que le ordena el presidente o el secretario general del partido al que pertenece, bastaría con los Delegados del Gobierno. ¿No se ha dado cuenta, señor Pérez Royo, de que la España descentralizada funciona de otra manera?

El artículo del señor Pérez Royo es un disparate de principio a fin, además de su tono innecesariamente faltón y despreciativo con un presidente que no está en funciones. Afortunadamente, el presidente Chaves es el único que ha entendido el derecho que nos asiste, derecho al que no vamos a renunciar por mucho que el señor Pérez Royo quiera confundir con sus inaguantables clases de derecho constitucional. Si lo que él ha escrito lo escribe un alumno de cualquier Facultad de Derecho, hubiera sido enviado directamente a la convocatoria de septiembre. Lo lamentable es que, escribiendo esas perlas, el catedrático Pérez Royo no entre "en funciones". ¡Qué horror!

Tenemos y queremos seguir teniendo las mejores relaciones con Andalucía y sus instituciones. Y esa es una voluntad en nada contradictoria con que pensemos leal y legítimamente que esas prescripciones de su Estatuto sobre la cuenca del Guadalquivir suponen un riesgo para Extremadura y pueden ser inconstitucionales. Es sólo eso, el uso ponderado de un derecho, un recurso ante un Tribunal que está para estas cosas, y no ningún tipo de agresión a una Comunidad con la que nos unen tantas cosas por encima de este episodio.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2007