Decenas de cargos públicos implicados en causas judiciales repiten como candidatos

Decenas de cargos municipales, sobre todo del PP, pero también del PSOE, implicados en causas judiciales repiten como candidatos en las elecciones de mayo. Y eso a pesar de las declaraciones de intenciones de sus partidos. Un portavoz socialista aseguró ayer: "El PSOE ha sido implacable con todos los casos de supuesta corrupción que han surgido en sus filas. Nuestras listas están limpias. Los casos a los que se refiere EL PAÍS están en su mayor parte relacionados con errores administrativos". Por su parte, la dirección del PP se defiende así: "Los imputados no son necesariamente procesados. El PP sólo elimina de las listas a quienes son condenados o sobre quienes pesan pruebas muy evidentes. No basta una imputación".

Estos son algunos de los concejales, alcaldes y hasta un presidente de diputación incluidos en las listas de los principales partidos a pesar de estar incursos o implicados en causas judiciales.

- Valencia. Al menos 13 cargos públicos del PP y dos del PSOE están inmersos en distintas causas. El caso más sonado es el del actual presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal y que figura en el número tres de la candidatura del PP en La Plana. Al igual que él concurren otros tres cargos del PP en Castellón imputados por cohecho, prevaricación o fraude electoral.

En la provincia de Alicante los candidatos imputados del PP son: Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, acusado de prevaricación (por un supuesto desfalco de seis millones) y tráfico de influencias; Pedro Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, imputado por tráfico de influencias y uso privilegiado de información; y Antonio Lorenzo, alcalde de Algorfa, imputado por tráfico de influencias y delitos contra la ordenación del territorio. Además, cinco ediles del PP imputados se presentan a la reelección.

Los socialistas valencianos tienen dos alcaldes imputados: José Joaquín Moya, alcalde de Bigastro, acusado de negar información a la oposición sobre asuntos municipales; y Salvador Gil, alcalde de Sueca, imputado por autorizar unas edificaciones dentro del parque natural de La Albufera.

- Andalucía. Los alcaldes de los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ambos del PP, repiten como candidatos. El primero está imputado por presunta prevaricación al conceder una licencia; el segundo por cobrar presuntamente comisiones de un promotor. Lo mismo ocurre con Sebastián Sánchez, alcalde popular de Medina Sidonia (Cádiz), imputado por desobedecer la orden de paralización de las obras de su casa. El regidor de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, del PP, está procesado por supuesta falsedad contable. El de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino (PP), tiene abiertas diligencias por negarse a convocar la junta de una empresa municipal.

Por el PSOE, Manuel García, alcalde y candidato en Chipiona (Cádiz), está imputado en un caso de acoso moral; y al alcalde de Valverde del Camino, José Cejudo, se le acusa de acoso laboral. Los también alcaldes socialistas de los municipios jienenses de Torredelcampo, Blas Sabalete, y Baños de la Encina, Miguel Campillo, repiten como candidatos a pesar de encontrarse imputados por construcciones ilegales en sus municipios. El alcalde de Noalejo, Antonio Morales (PSOE), está imputado por una parcelación ilegal. El de Níjar (Almería), Joaquín García Fernández (PSOE), lo está por malversación, prevaricación y falsedad en la cesión de terrenos del parque natural del Cabo de Gata.

- Madrid. El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), está imputado por un presunto delito ecológico. Y el de Brunete, Félix Gavilanes, también popular, lo está por haber contratado presuntamente a técnicos vinculados a intereses privados para redactar el plan urbanístico del municipio.

- Galicia. Antonio Fernández Rocha, del PP, repite como cabeza de lista en Tui (Pontevedra) a pesar de que sobre él pesa una condena de siete años de inhabilitación pendiente de recurso y una larga lista de denuncias relacionadas con las actuaciones de sus promotoras inmobiliarias en el Ayuntamiento. Manuel Pose, alcalde del PP en Arteixo (A Coruña), está imputado por permitir la construcción de una iglesia en suelo público.