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El PP boicotea la comisión de investigación de Vitoria al negarse a contestar a la oposición

La interpretación del reglamento desemboca en una trifulca entre los grupos políticos

La comisión que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en Vitoria tuvo que suspender ayer la sesión en la que comparecía el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, del PP, tras una hora de boicoteo por el representante de este partido. La pretensión del equipo de gobierno de que las preguntas se hicieran por escrito fue rechazada por el presidente de la comisión con el reglamento en la mano, pero la negativa a contestar pudo sobre la norma. El alcalde, Alfonso Alonso, anunció que el martes no comparecerá si no se le adelanta el cuestionario.

"Es el hecho más grave que ha vivido el Ayuntamiento de Vitoria en los cuatro años de legislatura", afirmó el peneuvista Unai Grajales, el presidente de la comisión que investiga presuntas irregularidades en dos urbanizaciones de chalés en Ibaiondo y Ali, tras levantar la sesión. Los portavoces del PNV, PSE, EB y EA (suman 17 de los 27 ediles) se reunieron a continuación y solicitaron a Alonso la convocatoria de un pleno urgente porque "la oposición considera que no puede ejercer en Vitoria el legítimo derecho al control del equipo de gobierno".

Fue el último episodio de una mañana bronca, en la que el PP boicoteó la comisión con el fin de evitar que el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, respondiera a las preguntas de la oposición. Después de una hora de rifirrafe dialéctico, con el empleo de todo tipo de artimañas, el teniente de alcalde Javier Maroto consiguió lo que pretendía desde el comienzo de la cita: la suspensión de una comparecencia pública en la que se debería aclarar por qué unos chalés de precio tasado habían sufrido una subida no explicada de 54.000 euros.

La paciencia de la que había hecho gala Grajales llegó al límite a los 50 minutos de haber comenzado la sesión. En menos de una hora, el teniente de alcalde, Javier Maroto, acudió a distintos artículos y diferentes epígrafes del reglamento con el que se rigen el pleno y las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria para evitar la comparecencia de Jorge Ibarrondo. Y, a pesar de que el presidente le replicó en cada momento con la norma en la mano, Maroto consiguió su objetivo a las bravas: Ibarrondo se negó a responder en último término.

Exasperado, Grajales pidió amparo a la secretaria del pleno, le solicitó que elaborara un informe sobre el asunto y suspendió la sesión, mientras tenía que pedir silencio a los portavoces de la oposición, que veían cómo Ibarrondo y Maroto conseguían sus pretensiones. Quedó, sin embargo, claro cuál fue el motivo por el que PP reclamó conocer por anticipado las preguntas al concejal de Urbanismo y al alcalde: la imposición por parte de la oposición mayoritaria de que, a diferencia de las demás comparecencias, ambos declararan en una sesión abierta a la prensa.

"Espectáculo gratuito"

Alfonso Alonso lo llevaba anunciando desde el principio de semana, cuando en una conferencia en Bilbao ya habló del exceso de transparencia en el Ayuntamiento de Vitoria. "No me niego a responder, pero antes quiero saber qué es lo que me van a preguntar; no quiero participar en un espectáculo gratuito", reiteró ayer por la mañana el alcalde.

El representante del PP en la comisión, Javier Maroto, le secundó con la reclamación de que las preguntas fueran formuladas por escrito para que el concejal Ibarrondo pudiera responder en una reunión posterior. El teniente de alcalde argumentó que esta posibilidad está contemplada en el reglamento municipal, mientras que Grajales, con el texto normativo en la mano, le indicó que estaba confundido y, como presidente, le instó a Ibarrondo a responder a las preguntas orales, como han hecho anteriores comparecientes.

Ibarrondo se negó y se suspendió la sesión. Tras el incidente, Mikel Martínez, del PNV, anunció que estudia la posibilidad de solicitar la reprobación de Ibarrondo y consideró que el equipo de Gobierno trata de "obstaculizar de forma indigna la labor de fiscalización". Juan Carlos Alonso, del PSE, dijo que Ibarrondo tiene "pavor" a declarar sobre las irregularidades de Ali e Ibaiondo, mientras que EB y EA aseguraron que la actitud del PP indica que tiene "mucho que ocultar".

En un comunicado, el equipo de gobierno exigió disculpas públicas al socialista Juan Carlos Alonso y pidió al PSE-EE que reconsidere su "actitud" en el ejercicio del debate político, "porque su legítimo derecho a criticar al Gobierno no puede derivar en la crispación".

Del juego limpio a la suspensión forzada

La comisión de investigación municipal comenzó con cierto juego limpio. Pero, según se ha ido acercando el turno de los responsables políticos, en vísperas electorales, se comienzan a perder las buenas maneras. Sobre todo cuando la oposición, que suma mayoría, impone sus reglas de juego.

Dado que la sucesión de declaraciones de quienes han comparecido hasta ahora no ha clarificado la actuación del equipo de gobierno en los casos de Ibaiondo y Ali, se comprende la negativa a declarar en público del alcalde, Alfonso Alonso, y del edil Jorge Ibarrondo.

Quien sí compareció en su día a puerta abierta y respondió a todas las preguntas fue el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría, quien firmó la nota informativa por la que se admitía la subida de 54.000 euros en el precio de cada uno de los chalés de Ibaiondo sobre los 250.000 iniciales. Sáenz de Santamaría admitió que había firmado ese documento, pero sostuvo que no tenía "ningún valor". "Es una opinión personal que no era vinculante y que no debe tener consecuencias económicas", argumentó. Redactó la nota a solicitud de los responsables de la constructora Opacua, que consideraban que el pliego de condiciones era confuso, como también señalaron éstos en la misma comparecencia, aunque los directivos de la empresa lo hicieron a puerta cerrada.

En su declaración se limitaron a rechazar todas las críticas a su gestión y defendieron su buen nombre y actuación. Agregaron que el aumento del precio era inevitable, si se atendían los requerimientos del pliego de condiciones en cuanto a las características bioclimáticas de las viviendas.

Antes, los técnicos municipales también se habían desentendido de cualquier responsabilidad en este asunto. De este modo, las respuestas dependían de los responsables políticos que aceptaron, sin contar con el pleno municipal, que esa subida de precio sobre el pliego de condiciones era necesaria. Ayer era el momento de conocer las respuestas del edil de Urbanismo, a quien, en cierto modo, Sáenz de Santamaría, trasladó la responsabilidad de la decisión final, sin olvidar la presencia, prevista para el martes, del alcalde, Alfonso Alonso. Pero el PP forzó la suspensión de la comisión hasta nuevo aviso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2007

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