La familia de Baena no se rinde
La hermana de un vigués fusilado en 1975 sigue buscando pruebas de su inocencia
En casa le llamaban Piter. Su historia es muy parecida a la del anarquista catalán Salvador Puig Antich, ahora de actualidad tras la película Salvador y la aparición de nuevos testimonios que podrían conseguir una revisión de su condena a muerte. Pero Salvador estaba presente en el tiroteo tras el que le acusaron de asesinar a un policía. El vigués José Humberto Baena ni siquiera estaba en Madrid cuando dispararon al policía cuya muerte le costó a él la vida.
Baena fue uno de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista. La casualidad quiso que en ese ajusticiamiento hubiese dos vigueses. El otro era José Luis Sánchez-Bravo. Desde aquel 27 de septiembre de 1975 en que fue fusilado, la familia de Baena no ha cejado en el empeño de demostrar su inocencia. Su hermana Flor, arropada por Amnistía Internacional, pasó por Vigo para pedir una vez más justicia para su hermano y hablar contra el Proyecto de Ley de Memoria Histórica.
"Darán un certificado reconociendo su inocencia, pero eso no me sirve de nada"
Virginia Álvarez, miembro de Amnistía Internacional, acusa a esta regulación de ser ajena "a los derechos internacionales". "Hay crímenes que en la etapa franquista ya estaban tipificados como crímenes contra la humanidad, pero esta ley impedirá a las víctimas cualquier posibilidad de acceso a la justicia". Flor Baena sabe bien de qué habla Virginia. El caso de su hermano fue rechazado por el Tribunal Constitucional, que adujo que cuando fue ejecutado no estaba en vigor la Constitución Española. Después acudieron al Tribunal de Estrasburgo, que tampoco aceptó la causa "porque España no había firmado en 1975 la declaración de derechos humanos".
Así que sólo la esperanza de la aparición de nuevas pruebas alienta a la familia. Eso, y la insistencia de Doris Benegas, la abogada que se encarga del caso desde sus orígenes, casada con un compañero de Baena. Si el proyecto de Ley de Memoria Histórica sale adelante, será aún más difícil revisar la condena, según su hermana: "Me darán un certificado, reconociendo la inocencia de mi hermano. Ya tenemos una carta de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega apoyándonos. Pero, en realidad, ¿de qué nos sirven esos papeles? De nada. Nosotros queremos que se proclame su inocencia". Virginia Álvarez explica que este proyecto de ley estipula que "las víctimas del franquismo no podrán acceder a los originales de los archivos". Es decir, nunca sabrán quién detuvo, torturó o condenó a muerte a sus familiares.
Baena tenía 24 años cuando fue fusilado en Madrid. Había nacido en Vigo, donde estudió en el Instituto Santa Irene. Allí le dio clase Xosé Luis Méndez Ferrín. Cuando terminó sus estudios de Bachillerato se matriculó en la Universidad de Santiago. "Hablaba francés, latín y griego", recuerda Flor, tres años menor que él, "y estaba empezando a estudiar esperanto". Galleguista convencido, "pero no separatista", matiza Flor, José se vinculó a los movimientos clandestinos y pasó por la cárcel tras participar en una sentada en la Universidad. De vuelta en Vigo, en 1975, la policía mató a un sereno de Fenosa al disparar al aire para disolver a los participantes en la manifestación del 1º de mayo. José, con 13 amigos, organizó una colecta para pagar una corona y una esquela en las que se acusaba al Estado de negligencia en esta muerte.
Días después, la policía comenzó a detener a sus compañeros, y José huyó a Portugal. Recaló finalmente en Madrid. El 22 de junio de 1975 fue detenido, acusado del asesinato de un policía el 14 de junio. "Nos enteramos viendo la televisión", recuerda Flor. Pero el pasaporte de José Baeza probaba que estaba en Portugal cuando se cometió el asesinato. "No hubo testigos que le reconociesen, ni pruebas de balística", resume su hermana
El ex fiscal general del Estado Carlos Jiménez Villarejo estuvo en Vigo apoyando la campaña de Amnistía en la conferencia que organizaron en el Centro Social Caixanova. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de finales del XIX, estipula que, en los casos de muertes violentas, debe ser el juez quien asuma el caso", explicó. Es decir, el Estado debe hacerse cargo de la investigación, y las "desapariciones del franquismo no son otra cosa que muertes violentas", afirma Álvarez, que lamenta que no sea el Estado el que se haya hecho cargo "de la exhumación de cadáveres de las fosas comunes". "Están privatizando la memoria histórica", concluye.
