El Congreso rechaza la iniciativa para prohibir el matrimonio homosexual

Año y medio después de que el Parlamento aprobara que las lesbianas y los gays pueden casarse, el Congreso revivió ayer el debate. La causa: la iniciativa legislativa popular presentada por el Foro de la Familia -avalada con casi 1,5 millones de firmas - para prohibir que dos personas del mismo sexo puedan casarse o adoptar niños conjuntamente. Los aproximadamente 6.000 matrimonios que se han celebrado desde entonces no cambiaron las posturas: PP, UDC y un diputado del PNV votaron a favor. El resto, en contra.

La votación fue muy parecida a la del 30 de junio de 2005, cuando se aprobó la ley que permite los matrimonios homosexuales: en el PP se desmarcaron Celia Villalobos y María Pía Sánchez. Unió Democràtica de Catalunya y Emilio Olabarria (PNV) también votaron a favor de la iniciativa, que quiere que el matrimonio sea sólo "entre el uno con la otra". También deja en exclusiva a los solteros o a un hombre y una mujer casados la posibilidad de adoptar (el Código Civil permitía en 2005 que lo hicieran las parejas de hecho heterosexuales).

La iniciativa recibió 136 votos a favor, el 43,87% de los presentes (en 2005 votaron contra el matrimonio homosexual 147 diputados, el 43,49% de los asistentes). Lo rechazaron 173 votos (un 55,8% de los diputados que acudieron). En 2005 el matrimonio homosexual fue apoyado por 187 votos (el 55,32%). Ayer sólo se abstuvo Pedro Azpiazu, del PNV. En 2005 lo hicieron cuatro diputados de Convergència Democràtica de Catalunya, que ayer votaron contra la iniciativa.

Esta "aparente coherencia es, en verdad, un endurecimiento del PP, porque no es lo mismo no regular los matrimonios que prohibirlos una vez aprobados", dijo tras el debate el secretario de Políticas Sociales del PSOE, Pedro Zerolo. Julio Villarrubia, portavoz del PSOE, e Isaura Navarro, de IU-ICV coincidieron en rechazar la iniciativa porque quería "quitar derechos". Rosa Bonàs, de ERC, preguntó retóricamente si los homosexuales eran menos capaces de quererse y comprometerse o de cuidar a un niño que los heterosexuales.

El PP basó su postura en los perjuicios que, según su portavoz, Jorge Fernández, causa la ley a los matrimonios heterosexuales, como "desnaturalización" y "discriminación". Estos argumentos coinciden con los que, en la calle, defendió el Foro Español de la Familia. Su vicepresidente, Benigno Blanco, mencionó, sin concretar más, el "daño a la familia". El Foro escenificó su protesta por no intervenir en el debate con una sesión paralela que reunió a un centenar de personas.

La afirmación del Foro y el PP de que la iniciativa no iba "contra nadie" fue rebatida por las asociaciones gays, que la calificaron de homófoba. Todas las intervenciones se refirieron a la decisión pendiente del Tribunal Constitucional, al que el PP recurrió la ley el 30 de septiembre de 2005.