El TC debe fallar sobre otras 15 cuestiones de inconstitucionalidad
Son varios centenares los pleitos que la Administración educativa, en sus diferentes niveles y comunidades autónomas, viene soportado por despidos nulos o improcedentes de profesores de religión católica, y suman millones de euros las indemnizaciones pagadas por "acoso moral", salarios atrasados u otros motivos. Pero, a efectos del Tribunal Constitucional, lo relevante es que sus magistrados tienen sobre la mesa al menos otras 15 cuestiones de inconstitucionalidad, la mayoría suscitadas por el Tribunal Superior de Canarias.
Otro caso es el de los recursos de amparo individuales. El TC, en su sentencia de la semana pasada, da por sentado que le llegará el de la profesora María del Carmen Galayo Macías cuando termine su calvario por los tribunales ordinarios, es decir, ante el Superior de Justicia de su comunidad y ante el Tribunal Supremo. "Gane o pierda, el pleito llegará a lo más arriba, porque los obispos, si no les dan la razón, no van a conformarse, envalentonados con la sentencia de esta semana", declaró a EL PAÍS un dirigente de Feper.
El caso Galera
Entre todos los casos pendientes de fallo ante el Constitucional, el de Resurrección Galera tiene una vertiente especial, según los sindicalistas. Su despido, en el año 2000, por el obispo de Almería tras conocer que la joven profesora de religión en el colegio público Ferrer Guardia se había casado con un divorciado, fue el detonante de otros muchos, y un gran escándalo durante semanas.
La Magistratura de Trabajo declaró procedente aquel despido. Después de los correspondientes recursos, el pleito está hoy ante el Constitucional. "Hace ya más de cuatro años", declara, decepcionado, desde Almería el marido de la afectada, Johannes Romes, alemán, divorciado antes de casarse con la profesora Galera, traductor entonces y hoy propietario de un hotel en la zona alta de Níjar. "No sólo hemos topado con la Iglesia, sino también con la Justicia", dijo ayer a EL PAÍS.
Como en tantos otros casos, Resurrección Galera, hoy madre de una niña de nueve meses, perdió su empleo "sin enterarse, sin aviso previo". Acabó el curso, y cuando volvió al colegio Ferrer Guardia, en los Llanos de la Cañada, se encontró que otro profesor ocupaba su puesto y daba clase en la misma aula "a los niños que adoraba y me adoraban", recuerda. Pese a que el colegio Ferrer Gardia era público y, por tanto, dependía de la Junta de Andalucía, las autoridades educativas civiles no pudieron hacer nada por remediar su situación, pese a haberle prometido que lo harían.
"En la Edad Media algunos obispos me habrían quemado viva", sigue pensando Resurrección Galera siete años después. Lo más triste, añade, es que el Estado español, no haya podido hacer nada para impedir "estos atropellos". Galera es hoy auxiliar administrativa en el instituto de Campohermoso.
