La corrupción en las administraciones públicas

El juez exculpa a la mitad de los 16 implicados en el 'caso eólico'

El juez instructor del caso eólico ha decretado el sobreseimiento provisional, por no haber quedado demostrada la perpetración de delito alguno que los vinculó a esta causa, para ocho de los 16 implicados en una presunta red de favores políticos y empresariales en un concurso para la instalación de aerogeneradores en las Islas Canarias, convocatoria anulada a raíz de estas investigaciones.

Entre los que han visto cómo su nombre se descuelga de este caso están los empresarios Wilebaldo Luis Yanes, Daniel Fernández de Salamanca, José Miguel Suárez Gil, el abogado Vicente Miguel Álvarez Gil y el político socialista e ingeniero José Francisco Henríquez Sánchez, además de José Antonio Lucendo, Manuel Vega Bordón y Francisco Javier Colino.

Sin embargo, el juez mantiene imputado al ex director general de Industria del Gobierno de Canarias (que accedió al cargo con el PP, aunque esta formación le ha dado de baja de forma cautelar) por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada. Junto a él, quedan imputados aún su pareja, Mónica Quintana, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y cohecho; el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López, por presunto cohecho y tráfico de influencias; Jesús González Martín (jefe de Tesorería de la Caja Insular de Ahorros de Canarias) y, por presunto cohecho, los empresarios José Ignacio Esquivel, Francisco Sánchez y Héctor Carrasco y los abogados Enrique Guzmán y Alfredo Briganty.

Red de favores

La conocida como trama eólica se destapó a raíz de la denuncia planteada por un empleado de Wilebaldo Luis Yanes, quien aseguraba que desde la Dirección General canaria de Industria (entonces gobernada por el PP y cuya consejería estaba tutelada por Luis Soria, hermano del presidente del PP en las islas, José Manuel Soria) se había tejido una red de favores entre funcionarios, políticos y empresarios para hacerse con las mejores concesiones de instalación de aerogeneradores. El denunciante, Alberto Santana, anunció ayer mismo que recurrirá la decisión del juez.

El concurso de energía eólica implicaba la concesión de licencias en suelo público para la instalación de grandes aerogeneradores. La trama pretendía, presuntamente, hacerse con las mejores concesiones a cambio de comisiones millonarias. La investigación policial y las detenciones posteriores impidieron que el plan urdido llegara a su fin. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el concursoy el Gobierno de Canarias ha redactado uno nuevo, que aún no ha presentado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 01 de febrero de 2007.

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