La juez fija una fianza de 100.000 euros para el alcalde y el concejal de Alhaurín
El auto imputa cohecho y prevaricación a Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, del PP
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, quedaron ayer en libertad tras abonar sendas fianzas de 100.000 euros. Están imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el urbanismo. Ni Martín Serón, que a la salida de los juzgados arremetió duramente contra el presidente del Gobierno, piensa dimitir, ni la dirección del PP tomará de momento medida disciplinaria alguna hasta no tener más información sobre los hechos, sometidos a secreto de sumario.
La imputación del alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande está relacionada con el presunto cobro de comisiones por la concesión de licencias urbanísticas. La Fiscalía Anticorrupción inició las actuaciones tras recibir la denuncia de un promotor que relató que había sido extorsionado para desarrollar sus proyectos en el municipio, de unos 22.000 habitantes.
La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol ha investigado el caso durante unos tres meses. La imputación obedece a un hecho puntual muy concreto, del que la policía contaría con pruebas evidentes, según han admitido fuentes de la investigación.
La juez encargada del caso, Isabel María Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha impuesto a los imputados fianzas más elevadas que las que han tenido que abonar los ex concejales de Marbella imputados en la Operación Malaya, una trama de corrupción continuada en el tiempo (la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos abonaron 60.000 euros para salir de prisión el pasado septiembre). Martín Serón reconoció a la salida de los juzgados que el dinero de la fianza ha sido aportado por un grupo de vecinos de Alhaurín el Grande.
El abogado defensor, Fernando Huelin, que ha sido proporcionado por la dirección provincial del PP, anunció un recurso contra las fianzas impuestas, que consideró "desorbitadas", "desmedidas" y que los hechos "no las justifican".
Martín Serón negó a la juez los hechos, de los que no quiso facilitar información alguna amparándose en el secreto de sumario. El alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo fueron detenidos sobre las seis de la tarde del jueves en Marbella a la salida de una cafetería a la que habían acudido tras asistir a un almuerzo-mitin con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que compartió mesa con Martín Serón.
Los detenidos fueron conducidos primero a los juzgados de Coín y después a Alhaurín el Grande, donde hasta las 5.30 los agentes de la Udyco, la juez, y el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, practicaron registros en dos viviendas propiedad del alcalde, la residencia del concejal de Urbanismo y la sede del Ayuntamiento.
En todos esos lugares, grupos de vecinos y cargos públicos del PP de Málaga se concentraron en apoyo de Martín Serón y Gregorio Guerra. Algunos de ellos no ocultaron su indignación por el momento y las formas en las que se produjeron los arrestos. La primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma, consideró la actuación policial "una persecución política al PP, a la que ya estamos acostumbrados, pero pasada un poquito de rosca".
Más comedido fue el presidente provincial del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, quien se reconoció sorprendido tanto por la imputación de Martín Serón como por la actuación policial. "Tenemos la mejor de las impresiones del alcalde de Alhaurín el Grande y de su trabajo. Hay que ser prudentes y cuando tengamos datos suficientes haremos valoraciones definitivas, pero es una sorpresa muy grande la que tenemos", dijo. Ramírez apeló al principio de presunción de inocencia "no formal, sino de fondo".
Similar apreciación realizó el presidente regional del PP en Andalucía, Javier Arenas. "Tenemos sorpresa y tristeza y esperamos que cuanto antes se pueda aclarar todo, pero por el secreto del sumario y las actuaciones realizadas hasta ahora no disponemos de información suficiente para hacer una valoración definitiva".
Antes de la investigación de estos hechos, la fiscalía había archivado varias denuncias del PSOE contra Martín Serón por donaciones económicas y en especie recibidas por el Ayuntamiento de empresas constructoras y de otro tipo.
La Junta de Andalucía impugnó en 2004 varias permutas de suelo municipal realizadas por el equipo de gobierno de Martín Serón al considerar que no estaban debidamente justificadas.
República bananera
"En la república bananera de Zapatero, los etarras están en la calle mientras se meten a los alcaldes honrados en la cárcel". Juan Martín Serón, que es alcalde de Alhaurín el Grande desde 2000, cuando militaba en un partido independiente, está convencido de que las imputaciones de cohecho y prevaricación formuladas contra él por la juez Isabel María Pérez obedecen a una persecución política.
A la salida de los juzgados, aclamado por un nutrido grupo de simpatizantes y dirigentes del PP, no se conformó con proclamar su inocencia ("nos podemos haber equivocado, pero la mano no la hemos metido nunca"), sino que arremetió duramente contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se refirió como "el descerebrado ese". Dijo que hay una pérdida de las libertades y que el país "está sometido al yugo socialista y del grupo Prisa".
Dudó de la independencia judicial y policial, al asegurar que "nos lo han registrado todo y no han encontrado absolutamente nada; otra cosa es que a lo que hayan encontrado le quieran dar otra lectura". En la madrugada, en los traslados para los registros, gritó varias veces: "No vienen a por mí, vienen a por el PP".
