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Reportaje:

Menores dañados más allá del abuso

Médicos, abogados y jueces señalan que el proceso judicial por agresión sexual agrava las secuelas

Como se lo cuentes a tu madre, la mato..., me amenazaba. Yo era una niña, y él era mi padre. Cuando al fin lo denuncias, todos te dan la espalda, nadie te cree y te tiran como a una muñeca rota... Si somos las víctimas, ¿por qué lo perdemos todo? Perdemos al padre y a los abuelos; a los primos, a los amigos... Ni los jueces nos creen". La que así habla es una menor sevillana, estudiante de 1º de Bachillerato, que entre los 3 y los 12 años sufrió, como su hermana (hoy en 6º de primaria) vejaciones sexuales. El testimonio de esta chica explica algo en lo que coinciden los profesionales que intervienen en los casos de abusos a menores: la denuncia y el consiguiente proceso judicial supone un suplicio añadido al de los propios abusos y agrava las secuelas psicológicas y hasta físicas que los menores padecen.

Desde 1993, el hospital de Valme ha tratado a 250 menores víctimas de agresiones sexuales

Save the Children estima que el 23% de las chicas y el 15% de los chicos han sufrido vejaciones

Entre los abusadores se observan con frecuencia personalidades con gran poder de seducción

La menor de Sevilla y su hermana, de 15 y 11 años, sufrieron vejaciones por parte del padre y de sus amigos, que las fotografiaban o grababan en vídeo mientras consumían cocaína. Hace tres años que denunciaron los abusos. "Aunque hemos aportado todo tipo de pruebas, aún estamos a la espera de juicio", dice la madre, una funcionaria que al principio tampoco creyó a sus hijas. Casada durante 12 años con un ingeniero de éxito, al que según ella "todos consideraban el mejor padre del mundo", se siente ahora impotente y decepcionada por la pasividad de la justicia: "Hay un informe forense que acredita la versión de mis hijas, informes médicos y de los psicólogos especializados. Las niñas han dado nombres y apellidos de quienes abusaban de ellas, pero el juez no ha hecho nada". Las hijas asienten, con la mirada perdida, atrapadas en esa tristeza infinita que, según los psicólogos, se apodera de los ojos de las víctimas. Lo único que han conseguido es una orden de alejamiento del padre.

¿Son casos aislados? Según Save the Children, una organización internacional de defensa de los derechos de la infancia, un 23% de las mujeres españolas y un 15% de los hombres ha sufrido algún tipo de abusos o agresión sexual antes de los 17 años. La Asociación de Mujeres para la Salud (ASA), una organización que aglutina a personas que en su día sufrieron abusos, eleva esa cifra hasta el 30%. Otras fuentes y especialistas, como el pediatra Juan Gil, más de 15 años dedicado a la detección de estos casos, y coordinador de un amplio equipo de profesionales en el hospital de Valme de Sevilla, opina que el problema tiene "por lo menos la misma magnitud que el de los malos tratos a mujeres", estimación que comparten las asistentes sociales, psicólogos, abogados y el juez consultado en este reportaje. Todos coinciden al señalar que apenas se conoce entre el 10% y el 20% de los abusos de menores, de los que sólo el 2% se denuncian.

¿Es el abuso sexual de niñas y niños un problema de salud? Para Gil, responsable del Programa de Pediatría Social (PPS) en el hospital sevillano, lo es. "Aunque, como diagnóstico médico", puntualiza, "las observaciones que nosotros hagamos siempre pertenecerán al terreno de lo probable. Con frecuencia no existen certezas; a veces sólo hay indicios de abusos".

Si el recorrido hasta que se dicta sentencia dura entre tres y cuatro años de media, la detección, aporte de pruebas e instrucción del caso supone un gran sufrimiento para la víctima por las múltiples pruebas, repetidas a veces, a las que se ve sometido el menor. "A veces tiene que repetir la misma declaración siete u ocho veces... ¡Y todos dudan de lo que dice! En el juicio ha de enfrentarse con su agresor..., responder a personas vestidas de una forma rara, con togas, que le hablan de usted en un lenguaje que no entiende", explica Amparo Díaz, con 15 años de especialización y 180 procesos en su haber. "He visto a niñas y niños hacerse pipí al asomar la punta del pie su agresor por debajo de la mampara que les separaba", recuerda el juez Rafael Tirado, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

Todo comienza con una sospecha. La alarma puede saltar en la escuela, en el instituto: la víctima se lo cuenta a un amigo o llama la atención porque de repente se transforma en un ser extraño. "Insulta a los profesores o se pega con los compañeros sin venir a cuento. En ocasiones, se autolesiona", explica María Ángeles Caballero, trabajadora social. Otras veces son los servicios sociales los que descubren el abuso.

En el hospital de Valme, el azar quiso hace 15 años que una pregunta parlamentaria sobre este tema cayera en manos del pediatra Juan Gil. "De pronto me di cuenta de que nadie se había planteado hasta entonces el problema. Empecé a hacer preguntas en todos los servicios... Y así nació una conciencia colectiva que nos llevó a elaborar un protocolo que hoy compartimos casi todos en el hospital". Al principio, apenas detectaban dos casos al año; ahora la media anual es de 25. Desde que en 1993 se empezó a aplicar el protocolo han tratado a 250 menores víctimas de abuso sexual, de los que 187 eran niñas y 63 niños. Las primeras sospechas suelen aparecer en los servicios de urgencia, ginecología, traumatología, dermatología y pediatría. Los indicadores son objetivos y universales, clasificados en tres grupos: marcas, lesiones y signos de abandono; el comportamiento del menor, y la conducta de familiares y entorno.

En ningún caso los profesionales están obligados, inicialmente, a confirmar el diagnóstico; basta con la sospecha. Con los primeros informes médicos de sospecha, un equipo multidisciplinar en el que siempre hay un pediatra, un asistente social y una ginecóloga, o cualquier otro especialista que el caso requiera, tratará de valorar si ha habido o no abuso. "La originalidad de nuestro proyecto radica en que no es una unidad asistencial propiamente dicha. Nuestro trabajo es de tipo horizontal; la primera función del protocolo es prestar apoyo a los profesionales que desarrollan su trabajo en la atención de menores", explica Gil. "Y la segunda, fundamental, es valorar las notificaciones de sospecha que nos llegan desde ese primer nivel de asistencia". Es el final del proceso sanitario. Con estas primeras conclusiones, se establece un plan de atención integral y se contacta con el juez y el fiscal o los organismos de protección de menores.

Los relatos que cuentan las víctimas son terribles. La abogada Amparo Díaz explica el de un padre que, como en una película de terror, llegaba algunas noches a casa y decía: "Hoy hace mucho sueño". Su mujer ya sabía que tenía que tomarse un somnífero y las niñas, al oírlo, comprendían también que más tarde les visitaría en sus camas. La abogada sostiene que, como en otros casos, el abusador ha logrado anular a la madre, pero cuando por fin ésta rompe la tela de araña, se separa, y denuncia los hechos, "el juez considera que se está inventando el abuso para vengarse del marido, cuando en este tipo de delitos, la simulación no llega ni al 1% de los casos".

Otro ejemplo: una familia de clase media, universitaria y con una hija de 12 años, residente en una población cercana a Sevilla, acogió en su casa por una temporada a su mejor amigo, un hombre de 39 años que acababa de divorciarse. El recién separado, ejecutivo de éxito, le había hecho creer a la niña que era la mujer de su vida.

Lo descubrieron hace ahora 18 meses, un mes y medio después de que empezasen los abusos. Los padres, al enterarse de lo que estaba ocurriendo denunciaron los hechos y reunieron toda clase de pruebas. Pese a que, según el abogado, es un "caso de libro", sigue pendiente de juicio después de haber pasado por tres jueces instructores. Y el agresor sigue en su puesto de ejecutivo.Pero hay situaciones más kafkianas aún. Amparo Díaz relata el caso de una madre que por mandato del juez tenía que enviar periódicamente a sus hijas a pasar el fin de semana con el padre pese a que ellas no querían ir. El hombre ha sido absuelto ante la falta de pruebas, con todos los informes forenses y psicológicos en su contra.

"Deberíamos trabajar más en equipo y con unidad de criterios; no debe ocurrir que la acción de la justicia impida la adopción de medidas de protección, por encima incluso del trabajo de unos profesionales muy cualificados (médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas, etcétera) que sólo buscan el bien superior del menor. Creo que en estos casos las soluciones deben ser multiprofesionales y multisectoriales", explica el pediatra social Juan Gil. "Éste es un problema que está emergiendo ahora en la sociedad española y en el diagnóstico no puede haber veto judicial", concluye. Y es que la presunción de inocencia que le reconoce la ley al agresor, no tiene un tratamiento equivalente que ampare al protector del menor o a la propia víctima, de cuya versión se duda.

La tipología del abusador, aunque variada, incluye con frecuencia personalidades con poder de simulación: son tipos encantadores, próximos a las víctimas y con gran capacidad de seducción. Una vez seducida, vendrá la interacción sexual (voyerismo, exhibicionismo, masturbación) para, en una tercera fase, tratar de sellar el secreto empleando amenazas si es preciso. Si por cualquier razón el secreto se rompe y los abusos salen a la luz, el abusador comienza una fase represiva en la que es muy frecuente que sea la propia familia la que trate de explicar y justificar lo que ocurre, con tal de que no trascienda nada. De ahí que sólo se denuncie el 2% de los abusos sexuales a menores.

Los menores no mienten

Las secuelas psicológicas y a veces físicas que deja el abuso se agravan en ocasiones por el proceso judicial subsiguiente. Para resolver estos casos, la ley exige evidencias, certezas, pruebas concluyentes. "Y al menor nadie le cree", dice Rafael Tirado, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. "Porque en el Código Penal está más penado el robo de un radiocasete, por ejemplo, que el abuso sexual de un menor. Mientras al primero le pueden caer dos años de cárcel, el abuso del menor puede castigarse a veces sólo con una multa. Y es que la ley, en ocasiones, protege más la propiedad que a las personas". La abogada Amparo Díaz resume: "Los menores que son víctimas de abusos sexuales se encuentran con una justicia que no está diseñada para protegerles. Los juristas no saben qué hacer con estos niños y niñas". Por eso ahora se entienden mejor las palabras de la menor que se recogían al principio. "Ni los jueces nos creen...", se quejaba. Y Rafael Tirado aclara que "no son los jueces, sino la legislación vigente, ¡la sociedad, en el fondo!", exclama, "la que no quiere enterarse de este problema" porque éste es un tema que a todo el mundo incomoda

"y la forma más

fácil de quitárselo de encima es diciendo que los niños fantasean y mienten", concluye.

El psicólogo Pedro Jaén, director de la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato (ADIMA), es tajante: "Está demostrado que los menores no mienten en estos temas". ADIMA, que desde su fundación en 1993 ha atendido más de 2.000 casos de maltrato a menores, no tiene en sus archivos ni uno solo que diga que "la fantasía de una niña o un niño le ha llevado a inventar un abuso", añade. ADIMA creó en 1997 el Equipo de Investigación de Casos de Abusos Sexuales (EICAS) para atender la demanda de jueces, fiscales, servicios sociales y organismos de protección de menores para chequear unas pruebas y validar el testimonio de un menor víctima de abusos. Desde su creación, hasta finales del año pasado, este organismo ha atendido a 1.037 menores de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva (su área de actuación) víctimas de abusos sexuales, de los que un 70% eran niñas. Tan sólo en 2005, EICAS evaluó 205 nuevos casos, con 229 menores afectados. "Nosotros no decimos si se ha producido o no la agresión; sólo valoramos si lo que está contando el menor es verdad o mentira", puntualiza Jaén. EICAS juega un papel esencial en el complejo proceso de detección, tratamiento y resolución del abuso sexual de menores; sus informes evitan duplicidades de actuaciones y aportan fiabilidad en el diagnóstico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 2006

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