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La desaparición de un dictador

30 víctimas españolas de Pinochet han recibido indemnizaciones

Las compensaciones son simbólicas y proceden de fondos entregados por el Banco Riggs

Elsa Granda

Hay una treintena de víctimas o familias de víctimas españolas de la dictadura de Augusto Pinochet que han recibido ya una compensación económica, aunque sea simbólica. El dinero oscila entre 138 y 900 euros. Ésa es la cuantía que la Fundación Presidente Allende ha logrado para 22.000 muertos o torturados en Chile desde 1973, tras el golpe de Estado. Pero sólo algunos de estos afectados españoles pudieron acceder a una pensión por parte del Estado chileno. Esto les daría derecho a percibir unos 170 euros mensuales durante toda su vida.

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No habrá mucho más. Los afectados por las terribles prácticas que se instalaron en Chile bajo el brazo de hierro de Pinochet han tenido escasa reparación económica. El Estado chileno a través de varias comisiones ha ido otorgando pensiones vitalicias a torturados y familias de asesinados, pero éstas no han llegado a todos. Las pensiones que otorga Chile rondan los 170 euros mensuales, y, según Joan Garcés, "no todos los afectados españoles han sido reconocidos como víctimas", por lo que algunos no reciben esa pensión.

Este abogado, que fue asesor del traicionado Salvador Allende, ha ejercido como uno de los más feroces luchadores para lograr la condena del dictador, y así llevó la acusación particular y popular contra Pinochet en España. Garcés aclara que no se conseguirá más dinero a través de los procesos en Chile, porque allí las acciones penales no acarrean compensación económica.

Gracias a su trabajo en la Fundación Presidente Allende, 22.000 víctimas de la dictadura chilena se han podido repartir seis millones de euros. Este dinero, asegura, "no es una ayuda mayor, sino algo simbólico". El dinero proviene de un acuerdo con el banco estadounidense Riggs, que ocultó a la justicia al menos ocho millones de dólares del dictador. Quienes hayan sido ya reconocidos como víctimas por la Audiencia Nacional o por alguna de las comisiones que se han formado en Chile recibirán, una sola vez, 138 euros; mientras que los que aún no han sido reconocidos y han aportado la prueba para acreditar su condición de víctima serán indemnizados, también una sola vez, con 900 euros.

La Fundación Allende tiene otros dos procedimientos judiciales en marcha para intentar resarcir económicamente a las víctimas, uno en Nueva York, contra el Banco de Chile, en el que reclama cinco millones y medio y 75 millones de indemnización; y otro en España contra el dictador, su mujer y su albacea, por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, cuya indemnización no está cuantificada. Un auto del juez Garzón cuantificó la responsabilidad civil de Pinochet en 1.445.530.116 euros por el conjunto de personas asesinadas, desaparecidas o torturadas.

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Respecto a los procesos judiciales en Chile, Garcés señala: "Está la situación de Carmelo Soria [funcionario español de la ONU asesinado en 1976], cuyos asesinos están identificados, y los tribunales se niegan a enjuiciarles, y el del cura Antoni Llidó, "el juicio está abierto en Chile y va avanzando". Y concluye: "Lo normal es que haya más casos en la situación de Soria que en la de Llidó".

Joan Garcés, abogado de la acusación particular del <i>caso Pinochet.</i>
Joan Garcés, abogado de la acusación particular del caso Pinochet.R. GUTIÉRREZ

ESCASAS AYUDAS

- Una treintena de españoles sufrieron la represión de la dictadura de Augusto Pinochet

- Los casos más conocidos son el de Carmelo Soria y

el del cura valenciano Antoni Llidó

- La Fundación Presidente Allende ha repartido entre las víctimas seis millones, que logró tras un acuerdo con el Banco Riggs, que ocultó parte de la fortuna del dictador

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