Imputados por cohecho los ex ediles del PP implicados en el 'caso Camas'

La Fiscalía de Sevilla solicitó ayer la imputación del concejal de Camas Enrique Fraile (ex del PP) y del edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (ex del PP), por un presunto delito de cohecho ante los indicios razonables de un intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo para que emitiese su voto favorable a un acuerdo urbanístico, tal y como ya hiciera con los otros tres denunciados en el conocido como caso Camas, el alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), el concejal camero José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño.

Ambos concejales estaban citados ayer a la audiencia preliminar del jurado, después de que no asistieran el pasado 29 de noviembre. No obstante, Lucas no se ha personado, ya que según explicó su letrado, Pedro Pérez-Montero, no había llegado a tiempo a Sevilla por encontrarse con problemas de tráfico al volver de Cáceres. Así, su abogado solicitó a la juez sustituta, Carmen Ruiz Mesa, que fuera su procurador quien representara al edil, petición que fue aceptada. En la vista el fiscal ha solicitado la imputación en los mismos términos que con el resto de imputados, fijando como hechos que tras la situación de bloqueo que sufría el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camas, al no contar con la mayoría de votos de los concejales, los imputados "decidieron hacer un ofrecimiento económico a Lobo para que cambiara el sentido de su voto, ya que con éste conseguirían la mayoría".

"Para hacer efectivos sus propósitos", prosigue el fiscal, "decidieron abordar a Lobo a través de Francisco Gordo -ex militante de IU- que mantiene una gran influencia política en aquella". Así, después de varias reuniones, "Gaviño le manifiesta a Gordo que para desbloquear el Ayuntamiento necesita el voto de Lobo", por lo que "la noche antes del pleno -en el que se votaría varias cuestiones urbanísticas- Gaviño entregó a Lobo un sobre con 12.000 euros y una nota con los puntos del pleno que debía apoyar a cambio de lo recibido".

El ministerio público explica que Lobo y Gordo "decidieron fingir un acuerdo con los imputados para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar", por lo que los 12.000 euros fueron entregados a la Policía Nacional y los hechos denunciados. Además, indica que "Lobo votó en contra de los puntos presentados a aprobación".

Por su parte la defensa de ambos ediles ha solicitado el sobreseimiento de la causa al considerar que "no existen indicios razonables" de que sus representados hayan perpetrado el hecho denunciado y por tanto considera que la "acusación del Ministerio Fiscal y de las partes están en el aire, al no existir pruebas objetivas" y que "todo es un cuestión política pura y dura".

La acusación popular, ejercida por el PSOE, también han pedido la imputación de Lucas y Fraile y que continúe el caso.