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De Belfast a Saint Andrews

Los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1998, el llamado Acuerdo de Belfast, establecieron la creación de una asamblea y un Gobierno autónomo en Irlanda del Norte, el marco institucional que permitió asegurar el fin de la violencia del IRA y encauzar al movimiento republicano a buscar la unidad de Irlanda por la acción política.

La aplicación de esos acuerdos ha sido mucho más lenta y difícil de lo que se esperaba, en gran medida porque entonces no quedó resuelto un tema capital, el desarme del IRA. Los republicanos administraron el desarme con cuenta gotas, radicalizando a la opinión pública y muy especialmente a los unionistas. La aplicación de los acuerdos, pensados para que fueran administrados por las fuerzas políticas moderadas (los Unionistas del Ulster de David Trimble y los socialdemócratas del SDLP que entonces lideraba John Hume), provocó numerosas crisis y en octubre de 2002 la autonomía se suspendió de forma indefinida.

Desde entonces, el poder de ha ido a los extremos y el Partido Unionista Democrático (DUP) de Ian Paisley, que no suscribió los Acuerdos de Viernes Santo, y el Sinn Fein se han convertido en las fuerzas mayoritarias. En cierto modo eso ha acabado beneficiando al proceso porque las dos facciones más politizadas y con más rencores históricos se han visto obligadas a entenderse.

Pacto complementario

Los acuerdos de Saint Andrews, propuestos el viernes 13 de octubre en esa localidad escocesa por Londres y Dublín, son el instrumento que complementa los acuerdos de Belfast para que el DUP y el Sinn Fein encabecen un Gobierno compartido. Saint Andrews está compuesto por una declaración política y una serie de anexos para modificar ciertos aspectos institucionales de los acuerdos de 1998, promover medidas en beneficio de las víctimas del terrorismo y favorecer la reconciliación, un generoso paquete de ayuda financiera y un último anexo que clarifica el papel de la policía del Ulster y establece que inteligencia y contraterrorismo siguen en manos de Londres.

La declaración política inicial obliga a todos los partidos a reconocer como suya y estar representado en el consejo de dirección de la policía de Irlanda del Norte. Su objetivo es acabar con la paradoja de que el Sinn Fein esté en el Gobierno pero rechace a la policía. A su vez, el Gobierno británico pretende transferir las competencias en materia policial y de justicia en mayo de 2008.

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La principal modificación del apartado institucional es que introduce un código de comportamiento ministerial y otorga una especie de derecho de veto a los partidos al permitirles derivar a la Asamblea determinadas decisiones ministeriales para impedir que un partido imponga su posición a través de los ministerios que ocupa.

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