El interventor y el ex secretario de Marbella cobraron un plus temporal durante 12 años

El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, y el ex secretario Leopoldo Barrantes, imputado en el caso Malaya, percibieron durante 12 años un complemento salarial temporal de mil euros en concepto de vivienda. Ambos funcionarios cobraron por un supuesto traslado de vivienda, a pesar de tener fijada ya su residencia cuando se incorporaron al cargo. La comisión gestora anuló dicha retribución el pasado mayo tras conocer sus boyantes salarios, que incluían otro plus por productividad de 2.000 euros, sumado al sueldo bruto de 7.552 euros al mes.

El ex secretario municipal de Marbella Leopoldo Barrantes, imputado en el caso Malaya por presutos tráfico de influencias y prevaricación y actualmente retirado, ha percibido casi 180.000 euros desde 1992 hasta 2006, gracias a un complemento de vivienda que se concede a un funcionario cuando es destinado a otro municipio. El interventor, Juan Antonio Castro, ha cobrado casi 150.000 euros desde que se incorporó al Consistorio, en 1994. Ambos funcionarios no precisaban de este apoyo económico para mudarse, puesto que ya tenían fijada su residencia en Marbella y Estepona, donde aún residen, según adelantó ayer el diario Málaga Hoy.

"Es lo único con lo que me pueden atacar, aunque no siento vergüenza por cobrar un dinero con todos los requisitos necesarios. Jamás he cobrado dinero sin control alguno", declaró ayer Castro, quien esgrimió que la gratificación fue establecida por el fallecido alcalde Jesús Gil antes de que accediera al cargo, en 1994. "Si no me lo dan, no vengo. Así de sencillo", añadió.

El presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes, insistió ayer en denunciar "la enorme irregularidad" cometida por las corporaciones gilistas, al conceder una ayuda temporal - prevista "para estabilizar una situación determinada"- durante más de una década. El cobro de este complemento por parte de los dos funcionarios fue aprobado por el pleno municipal.

La vocal de Personal de la gestora, Josefa López, explicó que el Consejo de Gobierno que aprobó el complemento incluyó un informe que establecía dicho plus como "obsoleto", pese a lo cual les fue reconocido a ambos funcionarios. "Ese concepto retributivo de casa / habitación quedó obsoleto por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, por lo que tan pronto conocimos que se estaba pagando, suprimimos esa percepción económica".

La abultada deuda municipal de más de 500 millones y la revisión de la ingente plantilla municipal marbellí, que supera los 3.200 trabajadores, acarrea estas semanas la revisión de los numerosos complementos salariales que explican los siete millones que la corporación presidida por Marisol Yagüe invertía cada mes en los sueldos municipales. El Informe de Fiscalización y sus sociedades a cargo del Tribunal de Cuentas reveló que sólo durante 2001 los gastos municipales en personal ascendieron a más de 73 millones de euros.

Barrantes tiene dos hijas empleadas en Urbanismo y la asesoría jurídica municipal, además de un yerno y un sobrino que trabajan para la Policía Local. Por su parte, Castro posee dos hijos contratados por los servicios jurídicos municipales, además de un yerno empleado en la Fundación Marbella Solidaria.

El interventor municipal entregó el pasado 30 de marzo al juez de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, 18 informes con todos los reparos que puso por escrito a los acuerdos que el gobierno municipal tomaba en relación a contratos, permutas y convenios urbanísticos entre 2001 y 2004. Sin embargo, dichos reparos no fueron llevados por Castro a ningún pleno municipal ni comisión informativa durante esos tres años. "Los informes estarían escondidos en un cajón, porque la oposición nunca los conoció. La connivencia de Castro con el gilismo siempre estuvo clara", denunció una ex edil marbellí.

Despedida

Por otra parte, el Consejo de Administración de la empresa municipal Difusión y Comunicación 2000, aprobó ayer el despido de la presentadora y locutora Carmen Revilla, ex concejal del Ayuntamiento imputada por el caso Malaya y en libertad bajo fianza de 30.000 euros. La gestora informó de que su despido "se argumenta por razones objetivas". Revilla reconoció ante el juez Torres que, desde 2002 a 2004, recibió 240.000 euros en sobres del supuesto cerebro de la red de corrupción municipal, Juan Antonio Roca.

Por último, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo ayer que la Junta pedirá "cuando llegue el momento procesal oportuno" que los bienes incautados en la operación Malaya reviertan en la ciudad, como aprobó el Parlamento en abril.