La Junta construirá casas para los parcelistas de Medina Azahara si Aguilar pone el suelo

El presidente de la Junta, Manuel Chaves intentó ayer frenar el conflicto generado entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Córdoba por las parcelaciones ilegales en el entorno de Medina Azahara. Chaves, propuso ayer en Córdoba trasladar a los 400 parcelistas, que levantaron sus casas ilegalmente. Para ello, sería necesario que el Ayuntamiento aportara el suelo para las nuevas viviendas, que construiría la Administración autonómica. Según Chaves, cualquier otro tipo de actuación en la zona protegida sería "atentar contra la legalidad".

Se trata de unas 400 viviendas situadas en el área de protección del conjunto arqueológico que se construyeron en la década de los años noventa. En 1996, se decidió ampliar la zona de protección de este Bien de Interés Cultural (BIC) y las parcelaciones ilegales se encuentran dentro del área. Esto hace, según Chaves, que cualquier actuación urbanística por parte del Ayuntamiento allí sea "atentar contra la legalidad". La Consejería de Cultura es la encargada de velar por la protección del conjunto arqueológico.

Chaves propuso ayer construir casas nuevas para los afectados. La Junta se haría cargo de levantar las viviendas pero, a cambio, el Ayuntamiento tendría que poner el suelo. Para ello, según el presidente andaluz, será necesario que las dos administraciones fijen "el plazo" razonable para poner en marcha esta medida.

Chaves insistió en que la zona declarada de Bien de Interés Cultural está incluida como tal dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento. Además, Medina Azahara fue declarado BIC también por unanimidad en el Parlamento andaluz. Según el presidente, "todas las administraciones están obligadas a cumplir la ley", de lo contrario se incurriría "presuntamente en prevaricación".

En los años noventa del siglo pasado, la Junta de Andalucía llevó a cabo en las ruinas sevillanas de Itálica una medida similar a la que ahora propone para Medina Azahara. Se amplió la zona de protección del yacimiento de Santiponce y la Administración autonómica emprendió un programa de expropiación. Sin embargo, lo que se ofreció entonces a los afectados fue dinero y no viviendas nuevas.

Andrés Ocaña (IU), responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, anunció hace dos semanas que el Consistorio pretende aprobar un plan especial de saneamiento y abastecimiento para una de las tres urbanizaciones ilegales de Medina Azahara. El delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Márquez, dijo que la medida era "una barbaridad" y que la Administración autonómica recurrirá ese proyecto urbanístico. Ocaña, en el pleno municipal celebrado la semana pasada, dijo: "si la Junta cree que debe ir a los tribunales, allí nos veremos". Chaves insistió ayer en que cualquier actuación en las casas ilegales de Medina Azahara sería "atentar contra la legalidad".