Un arriesgado viaje a Biarritz

Cuando el pasado domingo el joven colombiano Andrés T. salió de San Sebastián en coche con su novia y un amigo para ir a buscar a una cuarta persona al aeropuerto de Biarritz, poco podía imaginar que este trayecto de 50 kilómetros se iba a convertir en una pesadilla. El viaje de ida discurrió sin problemas. La vuelta fue muy distinta. La Policía Nacional española detuvo el vehículo en el puesto fronterizo de Biriatou y reclamó la documentación a sus ocupantes. Todos la tenían en regla, menos Andrés T. A la espera de si le conceden o no el permiso de residencia y trabajo en España, vive de mane...

Cuando el pasado domingo el joven colombiano Andrés T. salió de San Sebastián en coche con su novia y un amigo para ir a buscar a una cuarta persona al aeropuerto de Biarritz, poco podía imaginar que este trayecto de 50 kilómetros se iba a convertir en una pesadilla. El viaje de ida discurrió sin problemas. La vuelta fue muy distinta. La Policía Nacional española detuvo el vehículo en el puesto fronterizo de Biriatou y reclamó la documentación a sus ocupantes. Todos la tenían en regla, menos Andrés T. A la espera de si le conceden o no el permiso de residencia y trabajo en España, vive de manera irregular desde hace tres años en San Sebastián, donde está empadronado.

A partir de ese momento, Andrés T. se vio atrapado en la tela de araña policial y administrativa de ambos lados de la frontera. Como procedía de Francia, la policía española lo entregó a la francesa para su expulsión a Colombia. El joven quedó retenido.

Al día siguiente, la novia de Andrés T. acudió en busca de ayuda al abogado Iñaki Almandoz. El letrado presentó en cuanto pudo en un juzgado de San Sebastián un recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales, ya que entiende que la policía española ha vulnerado el derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva del joven.

El recurso señala que el control policial es "ilegal", porque el Acuerdo de Schengen recoge que "las fronteras interiores podrán cruzarse sin que se realice control alguno de las personas". Sostiene además que los agentes españoles no notificaron resolución administrativa alguna a Andrés T. ni llamaron a un abogado para que le asistiera. Y cuestiona la entrega del joven a Francia en aplicación del Convenio Hispano-francés de readmisión de 2002. Para ello recuerda un auto firme dictado el pasado año por un juzgado donostiarra, que declaró que ese acuerdo "no es suficiente para obligar a abandonar España a unas personas extranjeras (...) sin seguir ningún tipo de procedimiento, ni garantizar los derechos que les asisten".

El letrado pidió además como medida cautelar la suspensión de la expulsión de Andrés T. Ante este recurso, la justicia francesa dejó el miércoles en libertad al joven, que volvió a San Sebastián. El juez donostiarra ha admitido la medida cautelar, así que, de momento, el joven deja en puntos suspensivos un viaje que resultó arriesgado.