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Pablo Muñoz Peña, en el momento de ser detenido / EFE
El juez Baltasar Garzón ha decidido continuar con la operación iniciada por su sustituto en el juzgado, Fernando Grande-Marlaska, y la juez francesa Laurence Levert en contra de la red de recaudación del denominado impuesto revolucionario de ETA. Los dos nuevos detenidos son Pablo Muñoz Peña, y Jesús Iruretagoyena.
La mujer y el hijo de Joseba Elosua comparecieron ayer ante el juez Baltasar Garzón para practicar un reconocimiento fotográfico de los policías que presuntamente avisaron al supuesto responsable de la red de extorsión de ETA en España de que estaba siendo seguido.
El proceso para el fin de la violencia de ETA entra en una etapa de incertidumbre cuando aún no se ha iniciado el diálogo entre la representación del Gobierno y la de la banda terrorista. El 3 de julio pasado, Zapatero confirmaba, desde India, que ya había designado interlocutores y, con ello, daba a entender que el diálogo entre el Gobierno y ETA se iniciaría con prontitud.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad, tras dos días de deliberación, confirmar la sanción de ocho días de arresto impuesta por el Ministerio de Defensa al teniente general José Mena Aguado por una falta leve consistente en "expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas".
Las comparecencias ante el juez del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, han supuesto que tres ex concejales arrepentidos confesaran que recibieron comisiones ilegales del presunto cabecilla de la red de corrupción del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, abrió ayer la puerta a la posible regularización de los 11.000 subsaharianos llegados desde enero a Canarias y que, en su gran mayoría, no han podido ser repatriados. Caldera presidió en Rabat parte de una sesión de la primera conferencia euro-africana sobre inmigración, que concluyó ayer.
Usar sistemas de seguridad infantil -sillitas homologadas- en los taxis no es obligatorio en zonas urbanas. En carretera sí lo es, pero la responsabilidad de llevarlos y utilizarlos no recae en los taxistas, sino en los padres de los menores, según aclaró ayer el director general de Tráfico, Pere Navarro.
Jesús Abad describe el incendio que hace justo un año costó la vida a 11 miembros de un retén contra el fuego
El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, no asume ninguna responsabilidad por el accidente de metro que causó 42 muertos el pasado 3 de julio. El consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, compareció ayer en las Cortes Valencianas para afirmar que "no ha habido negligencia de ningún tipo" y responsabilizar del descarrilamiento al maquinista por velocidad excesiva.
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