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La prevista instalación de una incineradora en Vall d'Alba divide a los populares castellonenses

La alcaldesa de Vilafamés se opone a la ubicación y pedirá un "informe neutral"

Pese a contar con el beneplácito de la Consejería de Territorio y de la Diputación de Castellón, la previsión de instalar una plantar incineradora en el municipio castellonense de Vall d'Alba ha despertado recelos incluso entre el PP provincial. Clarísimamente lo expuso ayer la alcaldesa de Vilafamés, Luisa Oliver (PP), quien en la tarde-noche del miércoles reunió a sus vecinos para exponer su postura contraria a la ubicación de esta planta, a poco más de cinco kilómetros del casco urbano de la población. "No estamos de acuerdo" con el lugar escogido por Territorio, afirmó Oliver.

Por eso, el ayuntamiento tiene previsto presentar todas las alegaciones posibles para impedir la ejecución del proyecto. Aún así, Oliver quiso matizar que, en cualquier caso, solicitará un "informe neutral" con el que poder argumentar su postura y, a la vez, poder contar con una base técnica que no sea ni la de la empresa, totalmente positiva, ni la de la plataforma contraria a la incineradora.

El proyecto no sólo cuenta con desafectos en Vilafamés, aunque en otros municipios, de momento, sólo han encontrado eco entre partidos distintos al PP. En Cabanes, cuyo casco urbano está situado a poco más de cuatro kilómetros de donde se ubicará la planta, la oposición municipal (PSPV y EU) aún no ha logrado que el pleno se manifieste contra la incineradora. Según Territorio, Cabanes es la localidad más próxima al solar, después de Vall d'Alba, que se encuentra a poco más de 2.000 metros.

La planta, con una inversión de 150 millones de euros, podrá tratar 350.000 toneladas de residuos al año, según el proyecto de la empresa Técnicas y Tratamientos energéticos de residuos SA, participada por Lubasa, la sociedad pública Vaersa e Inversiones y Estudios CAAZ, SL, con participaciones del 69%, 30% y 1%.

Ecologistas en Acción ya denunció que en el consejo de administración de la mercantil se encontraban el entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, el director general de calidad ambiental, Jorge Lamparero, un subsecretario de la misma consejería y el alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez. Esta composición es, a su parecer, "paradójica" puesto que el director del órgano que tiene competencias para conceder la Autorización Ambiental Integrada es, a su vez, miembro del Consejo de Administración de una mercantil, mayoritariamente privada, que pretende la construcción de la incineradora y que, además, estaba presidida por Blasco.

Mientras crece la oposición a la planta, el Gobierno, en una respuesta a la diputada de EU Isaura Navarro, apunta que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha requerido a la empresa más documentación y que "nunca se puede asegurar que el riesgo de filtración de lixiviados esté eliminado completamente".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de julio de 2006