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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La hora de la verdad

Zapatero anunció ayer por fin su intención de iniciar inmediatamente el diálogo con ETA, "sin pagar ningún precio político", tres meses después de que la banda terrorista anunciara un alto el fuego permanente. Si hay que hacer algún reproche a la declaración institucional ante la prensa en una de las salas del Congreso es que el presidente del Gobierno eludió realizarla ante los diputados, esgrimiendo que no era conveniente agrandar la brecha con el Partido Popular. Rajoy, tal como se esperaba, denegó de nuevo su respaldo al Gobierno. Considera que no hay suficientes garantías de que no se negociaran asuntos políticos con los etarras y cree que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) no debe entrevistarse con la ilegalizada Batasuna, tal como anunció Patxi López.

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La escenificación del acto incumple el compromiso de la resolución de mayo de 2005 por todos los grupos parlamentarios excepto el PP de que el jefe del Ejecutivo acudiría al Congreso para solicitar la apertura del diálogo una vez que la banda expresara la voluntad de abandonar las armas. Pero le hace un favor a Rajoy, que así se ahorra el espectáculo de escenificar con mucho ruido y pobres argumentos su desacuerdo con Zapatero. Y también se lo hace a la buena comunicación entre el presidente y los ciudadanos en una circunstancia histórica. Los límites de la negociación planteados son muy claros: no puede rebasar el marco jurídico constitucional y no debe deshonrar la memoria de las víctimas. También lo es la hoja de ruta: inicio inmediato de los encuentros, discreción máxima y comparecencia del ministro del Interior en el Congreso a finales de septiembre para informar sobre su marcha.

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El jefe del Gobierno separó lo que deben ser las negociaciones meramente técnicas con la banda y los futuros acuerdos entre todas las fuerzas políticas vascas. Respecto a Batasuna fue cristalino: debe aceptar la vigente Ley de Partidos y dotarse de una nueva identidad, unos nuevos estatutos y una condena expresa de la violencia. Dijo que respetará "las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales" y fue también muy explícito al afirmar que tales acuerdos deben alcanzarse "en el máximo consenso posible, respetando la pluralidad" y mediante "métodos de diálogo que estimen oportunos", en un guiño de apoyo a la creación de la mesa de partidos que exige la izquierda abertzale y cuya idea comparten también el PNV y desde hace poco el PSE.

Todo ello hace menos comprensible el rechazo de Rajoy, aunque es evidente que en ETA y Batasuna confluyen los mismos intereses, algo que constituye un peligro, tal como dice el líder conservador y puede advertir cualquiera. Es lamentable, en cualquier caso, que en un problema de Estado tan serio como éste el PP se haya mantenido fuera del acuerdo, pues de alguna manera debilita la negociación.

Se entra así en una fase nueva y arriesgada que no será fácil de conducir. Sobre todo porque desde el anuncio de la banda terrorista se ha evidenciado que ETA y el Gobierno hablan de cosas diferentes cuando se refieren al llamado "proceso". Gentes con muy distintos planteamientos sobre la forma de acelerar la desaparición etarra, coinciden sin embargo en considerar próximo el final. Una razón es que, tras más de tres años sin atentados mortales, la decisión del alto el fuego tiene difícil retroceso. Entre otros motivos, porque incluso en las bases de Batasuna existe una aceptación más o menos tácita de que el tiempo de la lucha armada ha pasado.

El pulso que ahora plantean los terroristas es el de probar la resistencia del Gobierno frente a sus reivindicaciones clásicas: ver qué pueden sacar a cambio de oficializar la retirada, especialmente con vistas a presentarla como efecto de la eficacia de la lucha armada. Pero el regreso a la violencia sólo serviría para mantener o devolver a Batasuna, su brazo político, a la ilegalidad, y para atrasar cualquier posibilidad de aliviar la situación de sus presos. Es evidente que la organización terrorista tratará de reivindicarse como amenaza latente que condicione la futura negociación política. Cualquier posible reforma del Estatuto de autonomía será en su caso el resultado de acuerdos entre partidos, y Batasuna sólo podrá estar representado en el foro correspondiente si existen garantías de que la retirada de ETA es irreversible. Esto lo tiene claro la dirección actual del PNV, que reiteradamente ha dicho que hay que separar temporal y conceptualmente la negociación de la paz (paz por presos) de la eventual negociación política.

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