Cataluña permitirá que los restaurantes dejen sin aislar las zonas de fumadores

Cataluña se ha sumado al club de autonomías gobernadas por el PP que han anunciado rebajas en la ley antitabaco. La Generalitat, dirigida por PSC e ICV, y los gremios de restauración han acordado que los bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados no tendrán que separar físicamente las zonas de fumadores, como obliga la ley antitabaco a partir del 1 de septiembre. En la misma línea van los reglamentos de la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja. El Ministerio de Sanidad niega que la ley pueda interpretarse así, y afirma que recurrirá ante los tribunales cualquier intento de rebajar la ley antitabaco.

La Generalitat y la Federación de Restauradores de Cataluña aseguran que el acuerdo alcanzado no vulnera la ley antitabaco, de ámbito estatal. Ambas partes recordaron ayer que la legislación en esta materia, vigente desde el 1 de enero de este año, obliga a separar físicamente las zonas de fumadores con las que están libres de humo. Pero esta solución, aseguran, no implica sólo colocar ladrillos. El pacto alcanzado asegura que en los bares y restaurantes catalanes "será necesario disponer de sistemas de ventilación o dispositivos que permitan garantizar la eliminación del humo del tabaco". Una apuesta que pasa por potenciar la instalación en los locales de sistemas de ventilación capaces de generar cortinas de aire.

Tanto los propietarios de bares y restaurantes como la Generalitat consideran que, con el aire, se puede lograr la separación total entre los espacios con y sin humo. Según las autoridades sanitarias catalanas, el aire está limpio si no tiene más de 0,7 microgramos de nicotina por metro cúbico de aire. Algo que afirman que pueden garantizar los sistemas de ventilación. "Las pruebas efectuadas demuestran que este sistema es capaz de lanzar en todo momento aire limpio, que actúa como barrera", dijo Gaietà Farràs, presidente de la Federación de Restauradores de Cataluña.

La instalación de ventiladores significa, para los dueños de locales, tener que invertir menos. El coste de los ventiladores es menor que el de contratar un constructor para que divida el local mediante paredes. Pero los beneficios no son únicamente económicos. Farràs recordó ayer que los bares y restaurantes que han optado por levantar muros para separar las zonas de fumadores se han encontrado con una dificultad que no se esperaban: la burocracia. Los pasos para conseguir los permisos para levantar el muro convierten el proceso, según Farràs, en una auténtica "odisea". Primero, tienen que obtener la licencia de obras municipal. Y luego, si el local se encuentra en una comunidad de vecinos, hay que contar con el beneplácito de todos los inquilinos. "Hay que consensuar con la comunidad de vecinos la instalación de chimeneas para canalizar ventilaciones independientes", recordó Farràs.

Por su parte, la Generalitat también destacó las ventajas de los ventiladores. "Los sistemas de ventilación garantizan en todo momento la pureza del aire y que no haya nicotina ambiental", aseguró ayer el director general de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Plasencia, para quien el acuerdo que han alcanzado los responsables de Salud con los gremios de restauradores no significa vulnerar la ley antitabaco de ámbito estatal.

Con este acuerdo, Cataluña se suma a las comunidades que pretenden rebajar la ley antitabaco. Hasta ahora, la que más lejos ha llegado es la Comunidad Valenciana, cuyo reglamento ha aumentado la superficie máxima de los locales de hostelería donde no hay que crear zonas de fumadores a 120 metros cuadrados, y no impone que se separen físicamente. La ley establece que a partir del 1 de septiembre los locales de más de 100 metros cuadrados que quieran tener zonas para fumadores deberán compartimentarlas. Estos lugares no podrán ocupar más del 30% de la superficie del local.

También Madrid y La Rioja estudian borradores en los que, aparte de eliminar la obligación de compartimentar las zonas con humo, permiten fumar en algunos bares de los centros de trabajo, informa Emilio de Benito.

Una portavoz del Ministerio de Sanidad recordó que el departamento que dirige Elena Salgado ha enviado un requerimiento al Gobierno valenciano para que el reglamento se adapte a la ley. Si la Generalitat no cumple (el plazo vence el 10 de junio), Sanidad recurrirá el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Sanidad no quiso pronunciarse sobre la medida catalana porque no la conocía, pero si se confirma su intención -o la de otras comunidades- actuará de la misma manera, advirtió la portavoz del ministerio.