Los pescadores reclaman 20 millones al Gobierno central por "obligarles" a faenar

El ministerio reitera que analizará las ayudas "caso por caso" si se cierra el caladero

Los pescadores del Cantábrico suelen ingresar unos 28 millones de euros por cada costera de la anchoa. Este año, con la especie al borde del colapso, no han llegado ni a los ocho millones y entienden que el Gobierno central es el responsable porque dio su "beneplácito" al Consejo Europeo para que reabriese el caladero el pasado mes de marzo después de ocho meses de veda. "Nos ha obligado a hacer un trabajo que no existe", se queja la flota. Los pescadores reclaman por ello al Ejecutivo socialista que les compense con los 20 millones que han dejado de percibir. El Ministerio de Agricultura y Pesca reiteró ayer que sólo se estudiarán las ayudas "caso por caso" y si se cierra el caladero.

Un millar de trabajadores de las empresas conserveras de Vizcaya inician tres semanas de paros

"Nosotros no queremos ayudas; lo que queremos es trabajar. Lo hemos demostrado recorriendo este año más millas que nunca", explica el presidente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa, Jaime Tejedor. "El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad", añade. "No hay derecho a que dé su visto bueno a la reapertura de la pesquería en contra de los criterios científicos y luego se lave las manos cuando se comprueba que casi no hay anchoa". Los estudios del instituto pesquero Azti sitúan la biomasa de esta especie en el Cantábrico en 20.300 toneladas, por debajo del límite que alerta del peligro de su desaparición (21.000).

La flota española del Cantábrico, integrada por 197 barcos y 2.900 tripulantes, ha capturado hasta la fecha 720 toneladas de anchoa en la que será, previsiblemente, la segunda peor costera de la historia, sólo por detrás de la catastrófica del año pasado, cuando se pescaron apenas 200 toneladas. Como comparación, en 2000 se capturaron 17.000 toneladas y al año siguiente, 20.000.

En medio de esta crisis, los pescadores reclaman una ayuda acorde "con los no ingresos", dice Tejedor. Quieren que esa subvención no les penalice, que no les obligue "a parar 40 días", como ocurrió el pasado ejercicio cuando se decretó en julio el cierre de la pesquería.

Así se lo plantearon al secretario general de Pesca Marítima, Juan Carlos Martín Fragueiro, durante la reunión mantenida el pasado 31 de mayo en Madrid. Ya entonces, el ministerio dejó claro que si la UE acuerda una moratoria tras valorar nuevos informes científicos se buscarán "medidas compensatorias, pero analizadas caso a caso".

Cuota francesa

El Gobierno central entiende que parte de la flota ha ganado "dinero, teniendo en cuenta que hubo precios de hasta un euro la anchoa", otra parte que ha cubierto gastos y una tercera que "ha perdido". Por eso ayer se ratificó en su postura de estudiar las ayudas de forma individualizada si llega el caso.

La crisis vuelve a destapar las diferencias entre el ministerio y el sector, que le acusa de mentir "descaradamente". "Mañana, la ministra Elena Espinosa deberá dar explicaciones en el Senado [a una pregunta del PNV] de por qué nos mintieron diciendo que ellos no querían haber abierto la pesquería, cuando habían alcanzado un acuerdo con Francia, como reconoció el otro día el comisario europeo [de Agricultura] Joe Borg", apunta Tejedor.

El sector está viendo cómo la flota francesa, -80 barcos industriales y 10 artesanales- ha capturado para estas fechas un porcentaje de su cuota del 40,5%, superior al logrado por sus barcos, un 16%. Eso sí, la diferencia de las capturas sobre las cuotas asignadas a unos y otros cuando se acordó la apertura de la pesquería es notable. A Francia, que hasta la fecha ha pescado 202,5 toneladas y ha recibido 250 más de la flota española por parar en abril y mayo, le corresponden 500 toneladas; a la del Cantábrico, 4.500. "Se puede dar la paradoja de que ellos cubran su cuota esta misma semana", según el responsable de los arrantzales guipuzcoanos.

Los pescadores del Cantábrico, que han insistido en la necesidad de establecer una nueva veda para favorecer la recuperación de la especie, decidieron salir ayer a faenar, coincidiendo en la mar con las embarcaciones del país vecino y sus artes pelágicas. Algunos lo hicieron aún con la esperanza de ver sus embarcaciones cargadas con algo de anchoa; la mayoría, con la intención de pescar chicharro y sardina hasta iniciar próximamente la campaña del bonito. "De algo se tiene que vivir, vistos los resultados de la campaña de la anchoa", se lamentó Aurelio Bilbao, secretario de la Federación de Cofradías de Vizcaya. "La moral de los arrantzales es muy baja", añadió.

Mientras, la flota francesa continuaba con la costera de la anchoa. Ha llegado a vender la de mayor tamaño a 27 euros el kilo, según Tejedor. "Pescan con un arte que esquilma la mar, pero con esos precios, cualquier cosa les sale rentable, porque no miran ni el mañana ni el pasado, sino el día a día".

La crisis de la pesquería está afectando también a las conserveras, que en Vizcaya se enfrentan además a un conflicto laboral. El millar de trabajadores del sector provincial inició ayer tres semanas de paros por las tardes y ha convocado una huelga de 24 horas el próximo día 9 para reclamar la firma del convenio. "Es uno de los sectores más precarios, con salarios netos medios de 720 euros al mes y una jornada de 1.728 horas", criticaron ayer ELA, LAB, CCOO y ESK. Además, la temporalidad afecta al 60% de los trabajadores, en su mayoría mujeres y la patronal "se aprovecha". La patronal vizcaína Cebek rechazó la acusación.

Las centrales piden un convenio a tres años con incrementos salariales del 3,2% el primero, el 3,7% el segundo y el IPC real más el 3,5% el tercero, además de una reducción de jornada de 25 horas. Estas peticiones ponen en peligro la supervivencia del sector, según Cebek.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de junio de 2006.

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