Julián Muñoz dice que Roca era el principal responsable de las licencias dadas en Marbella

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz aseguró ayer que la comisión de gobierno que aprobó las licencias de obras en Marbella durante el mandato de Jesús Gil se limitaba en realidad a asentir sobre los expedientes que eran instruidos e informados en la Gerencia de Urbanismo, al frente de la cual recordó que estaba Juan Antonio Roca, a quien el juez considera presunto cerebro de la trama de corrupción en el consistorio. Muñoz volvió a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otros siete ex ediles acusado de un presunto delito de prevaricación urbanística.

Los ocho ex concejales procesados por conceder una licencia de obras a la promotora Moansa para construir seis chalés en una zona verde pública coincidieron en su relato sobre las peculiaridades de funcionamiento de la comisión de gobierno a la que pertenecían. Todos ellos aseguraron que las licencias sobre las que tenían que pronunciarse las llevaba a las reuniones de la comisión el secretario municipal en un "cuadernillo" que era un mero listado de las propuestas con una indicación de si los informes técnicos y jurídicos eran favorables, desfavorables o había que dejar el asunto sobre la mesa que venían hechas desde la Gerencia de Urbanismo, de forma que ya venía "previamente determinado" lo que había que votar.

De los ocho acusados, sólo Muñoz citó explícitamente el nombre de Juan Antonio Roca para recordar que era la persona que "estaba al frente" de dicho departamento. Algunos de ellos sí señalaron a José Luis Sierra, ex abogado personal de Jesús Gil y ex asesor jurídico del Ayuntamiento, como autor de los informes jurídicos.

Según el que fuera primer teniente de alcalde entre 1991 y 1998, Pedro Román, uno de los acusados en la causa, la relación de temas a tratar las enviaba a la comisión el alcalde, Jesús Gil. Sin embargo, nunca el ex alcalde ya fallecido firmó un decreto de delegación de competencias para la concesión de licencias en favor de la comisión de gobierno, asunto que los propios concejales ignoraron hasta que hace un año, en otro juicio por delito urbanístico, lo reconoció el ex secretario municipal. "Fui utilizado como instrumento para darle forma colegiada a las decisiones del alcalde", dijo el ex concejal Manuel Calle, porque, según explicó, "dar todas las licencias por decreto hubiera llamado mucho la atención"

Según los concejales acusados, nunca vieron un expediente completo, ni los supuestos informes favorables, aunque en los que obran en el sumario no se hace constar en ningún momento que la parcela en cuestión estaba destinada en el planeamiento a zona verde. Todos dijeron además que siempre supusieron que cuando en el "cuadernillo" figuraba que los informes eran favorables es que se ajustaban a todos los requisitos legales. "De haber tenido plena seguridad de que iba a participar en algo que no hubiera sido legal, no me hubiera importado levantarme y decir que no lo votaba", dijo el ex concejal Rafael González. "Ninguno de nosotros hubiéramos votado una licencia si los informes no fueran favorables", apostilló Julián Muñoz.

Previamente a la celebración de la vista oral iniciada ayer en el juzgado de lo penal número 2 de Málaga, el juez rechazó la petición de las defensas de que se agrupen en una misma causa todas las causas pendientes por delito urbanístico contra ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL). "Así nos ahorraríamos celebrar 50 o 60 juicios", explicó el abogado defensor de Julián Muñoz, José María del Nido, quien argumentó que en todos los procedimientos hay un mismo delito, la prevaricación urbanística.

También rechazó el juez la petición de aplazar el juicio hasta que se resuelva en la vía de lo contencioso administrativo la legalidad o no de la licencia en cuestión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró nula la licencia otorgada en 1996 a Moansa, pero la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

El fiscal pide dos años de prisión para Julián Muñoz, Mario Jiménez y Manuel Calle por la licencia de obras dada en diciembre de 1996 a Moansa y la posterior licencia de ejecución en octubre de 1977.

Para los otros cuatro acusados, Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe, solicita año y medio de prisión porque sólo intervinieron en esta segunda comisión de gobierno.