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Viernes, 28 de abril de 2006

Autonomias

Un vocal de Marbella redactó convenios urbanísticos en Manilva que investiga el juez

Rafael Duarte, vocal de Urbanismo en Marbella a petición del PSOE, fue contratado por el Ayuntamiento de Manilva durante el mandato del ex gilista Pedro Tirado, en libertad provisional por prevaricación y cohecho en el caso Ballena Blanca, como asesor de urbanismo de su consistorio.

La Caixa, Planeta y Enciclopèdia Catalana se repartirán la propiedad de Grup 62

Las fronteras del mapa editorial catalán se desplazan. Según fuentes del sector, ya se ha alcanzado un preacuerdo para la venta de Grup 62, cuyo principal accionista es La Caixa, que posee el 89% de las acciones. El reparto de la propiedad de Grup 62 tras la venta será el siguiente: el 30% permanecerá en manos de La Caixa; otro 30% pertenecerá a Planeta; otro 30% más, al Grupo Enciclopèdia Catalana, y el 10% restante lo seguirán controlando pequeños accionistas.

La 'guerra' entre la Comunidad y el Ayuntamiento llega a las alcantarillas

Nuevo enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento. El Canal de Isabel II denunciará a la Concejalía de Medio Ambiente por "apropiación indebida" de, al menos, 120 tapas de alcantarilla y suministro. La concejal de Medio Ambiente, Paz González, había dado la orden de que se retirasen todos los registros que el Canal había pintado de azul como reclamo de una campaña de ahorro.

Aparece otro documento falso en Castellón a favor de condonar impuestos a una empresa

La decisión del Ayuntamiento de Castellón de eximir del pago de 280.000 euros en impuestos a la empresa Lubasa registró ayer un nuevo episodio. El grupo municipal socialista dio a conocer en el transcurso del pleno de la capital de La Plana un nuevo documento falso, supuestamente presentado y firmado por el director del hospital General.

El Parlamento reclama los 'papeles de Salamanca' y de la Fundación Sabino Arana

Un acuerdo entre el PSE-EE y el tripartito permitió ayer un pronunciamiento de la Cámara que respalda la petición cursada por el Ejecutivo a la Administración central para que le remita la documentación del primer Gobierno vasco que se encuentra en el Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. A instancias de los socialistas, el tripartito aceptó incluir también la exigencia de que la Fundación Sabino Arana entregue la documentación análoga en su poder.

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