El Supremo da un respiro a la estrategia antiterrorista de Bush

El Supremo salvó ayer a George W. Bush de una difícil situación al rechazar el caso 05-533, que corresponde a José Padilla. Se trataba de saber si el tribunal debía entrar o no a debatir si sus derechos constitucionales como ciudadano quedaban violados con la política de detención indefinida de los combatientes enemigos. Como Padilla está procesado en Miami, y a espera del juicio, seis de los nueve magistrados decidieron que ya no tenía sentido el debate.

Otros tres jueces del Supremo consideran que debería haberse discutido. "Era un asunto de enorme importancia que había que haber resuelto hace mucho", dijo la juez Ruth Bader Ginsburg, del sector liberal; pero el hecho de que Padilla esté ya en una cárcel normal, acusado y procesado, convierte su demanda en "hipotética", según el centrista Anthony Kennedy.

José Padilla es un puertorriqueño de 35 años nacido en el Brooklyn. Formó parte de una banda en su adolescencia, en Chicago, y se convirtió después al islam, adoptando el nombre de Abdula al Muhajir. Padilla fue detenido en el aeropuerto de Chicago el 8 de mayo de 2002, cuando volvía de Pakistán. John Ashcroft, entonces responsable de Justicia, le acusó de formar parte de una conspiración terrorista que planeaba un atentado con bomba sucia. La Casa Blanca determinó un mes más tarde que era un "combatiente extranjero" y le envió a una prisión militar.

En 2004, los abogados de Padilla lograron hacer llegar al Supremo su caso, sobre la base de que la detención indefinida sin precisión de las acusaciones y sin el debido proceso, según el modelo de Guantánamo, violaba sus derechos. El tribunal lo desestimó por razones técnicas, y uno de los magistrados ya dijo entonces que lo que estaba en juego era "nada menos que la esencia de una sociedad libre".

Alertado por la señal, y ante la posibilidad de el caso se convirtiera en una carga de profundidad contra un capítulo notable de la guerra contra el terrorismo, el Gobierno cambió radicalmente de estrategia en noviembre de 2005: convocó un Gran Jurado, y éste determinó que había que procesar a Padilla en Miami bajo las acusaciones de ayuda al terrorismo y conspiración para el asesinato en un tribunal ordinario, y no en las comisiones militares creadas para los combatientes ilegales. "Padilla viajó al extranjero para entrenarse como terrorista con intención de participar en una yihad violenta", dijo Alberto Gonzales, responsable de Justicia, que no explicó el cambio de la acusación inicial.

Mientras, los abogados de Padilla habían recurrido y un tribunal de recursos aceptó el recurso y elevó de nuevo la demanda de violación de derechos constitucionales al Supremo, argumentando que el Gobierno había cambiado las acusaciones. Pero la mayoría de los magistrados consideraron que ya no hay caso. A pesar de ello, y en otra opinión complementaria, tres jueces distintos a los que se quedaron en minoría -entre ellos el presidente, John Roberts- dijeron que van a seguir de cerca el proceso para asegurarse de que Padilla recibe "las protecciones garantizadas a todos los acusados de delitos federales". El caso, argumentan Roberts, Kennedy y Stevens, "plantea asuntos fundamentales relacionados con la separación de poderes", y la preocupación de los abogados de Padilla "puede volver a plantearse si es necesario". El Supremo tiene entre sus manos otro caso relacionado con las detenciones indefinidas, pero planteado por detenidos extranjeros.