Una juez mercantil de Madrid suspende la OPA de Gas Natural sobre Endesa

La juez titular del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, ordenó ayer la suspensión cautelar de la OPA lanzada el 5 de septiembre pasado por Gas Natural sobre Endesa. El auto suspende también el contrato de compraventa de activos firmado por Gas Natural e Iberdrola por entender "razonable" la posibilidad de que ambas compañías hubieran realizado una "concertación previa" a la OPA, lo que podría vulnerar el Tratado de la UE. La suspensión, recurrible ante la Audiencia de Madrid, sólo será efectiva si antes de 10 días Endesa deposita un aval de 1.000 millones.

El auto de la juez Iglesias añadió ayer un elemento más de confusión al enrevesado asunto de la OPA sobre Endesa. Más si se tiene en cuenta que tanto el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (1 de febrero), como la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (3 de febrero) habían desestimado las reclamaciones de Endesa contra la decisión de Bruselas de trasladar el caso a las autoridades españolas y contra la autorización de la OPA por parte del Gobierno español.

La decisión de suspender tanto la tramitación de la OPA como el acuerdo de compraventa de activos de entre 7.000 y 9.000 millones de euros, firmado por Gas Natural e Iberdrola el 5 de septiembre, responde a una demanda interpuesta por Endesa ante el juzgado Mercantil, admitida el pasado 21 de diciembre.

En su demanda, la eléctrica que preside Manuel Pizarro acusó a Gas Natural e Iberdrola de concertar sus posiciones antes del lanzamiento de la oferta de compra por parte de la compañía gasista, lo cual contravendría el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea.

Concertación

Aunque el auto de la juez (al frente del juzgado desde el 19 de enero, según aparece en el Boletín Oficial del Estado) no entra en el fondo del asunto, sí recoge que "parece razonable la hipótesis de la concertación previa" sin perjuicio "de lo que resulte del proceso". Por ello, decreta la suspensión de la tramitación de la OPA como medida cautelar.

Eso sí, exige a Endesa que deposite un aval bancario "incondicional, indefinido y ejecutable a primera demanda" por importe de 1.000 millones de euros. En su demanda, la eléctrica ofrecía como caución o garantía para cubrir posibles perjuicios derivados de la reclamación tan sólo un millón de euros. En estos casos, los bancos suelen aplicar a las grandes compañías un interés del 0,5% anual. Es decir, que en el caso de que Endesa debiera mantener el aval durante un año, tendría que pagar un mínimo de cinco millones de euros al banco avalista. La decisión es recurrible, y el caso podría prolongarse cuatro o incluso cinco meses.

Ahora, la pelota está en el tejado de Endesa. Su consejo deberá decidir, antes de 10 días, si deposita el aval de 1.000 millones que exige la juez o desiste de la demanda. Esto ya sucedió en otras iniciativas de reclamación, como la interpuesta en los juzgados de Barcelona contra la campaña publicitaria de su rival Gas Natural o con la petición de medidas cautelares realizada en la Bolsa de Nueva York.

La decisión sobre el aval, según las fuentes de la compañía consultadas, podría adoptarse en el consejo de la próxima semana. El auto del juzgado mercantil sorprendió a contrapié a todos los actores del culebrón en que se ha convertido la OPA sobre la primera eléctrica del país. Iberdrola adelantó que esperará a ver si Endesa sigue adelante o desiste del proceso para dar su opinión. No obstante, fuentes de la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán destacaron que el acuerdo que cuestiona la juez está supeditado al triunfo de la OPA lanzada por Gas Natural y es "un acuerdo legal, transparente y sin nada oculto".

Oferta hostil

La compañía más afectada, Gas Natural, sí valoró tanto la actuación de la juez como las iniciativas lanzadas por Endesa desde el mismo momento en que recibió la oferta de compra, que siempre ha calificado de "hostil".

En el comunicado, la compañía que preside Salvador Gabarró, además de recordar que Endesa ya inició actuaciones en septiembre de 2005 "por asistencia financiera y pacto colusorio" contra el acuerdo Gas Natural-Iberdrola, de las que desistió el 23 y el 24 de noviembre, advierte de que "procederá a adoptar las medidas adecuadas en defensa de sus intereses".

Según Gas Natural, Endesa sólo tiene un objetivo. "No importa el tema de fondo ni sus razones, sólo se trata de obtener medidas cautelares que paralicen la operación", sostiene la compañía, que finaliza con una advertencia: "Si los administradores de Endesa acuerdan presentar el aval de 1.000 millones de euros, paralizarán el proceso de OPA al que actualmente está sujeta la eléctrica [la de Gas Natural y la de la alemana E.ON] por un tiempo indeterminado y podrían incurrir en responsabilidades económicas relevantes al perjudicar a Gas Natural y también a sus propios accionistas".