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Tribuna:25 AÑOS DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO

El barato precio penal del 23-F

El autor subraya, en el 25º aniversario del intento de golpe de Estado, el reducido número de condenados, las bajas penas

Cuando se acaba de cumplir el 25º aniversario de la intentona golpista del 23-F, es tal vez el momento de recordar lo barata que salió penalmente a los varios centenares de implicados en aquella rebelión militar su participación en la misma. De los tres militares condenados a 30 años de cárcel, el que más tiempo estuvo privado de libertad, 15 años, fue el teniente coronel Antonio Tejero, mientras que el teniente general Jaime Milans del Bosch cumplió 10 años -falleció en 1997, en libertad- y el general de división Alfonso Armada sólo siete años, como Luis Torres Rojas, de la misma graduación y condenado a 12 años.

Las sustanciales rebajas penales otorgadas a coroneles, capitanes y tenientes -la mayoría de ellos fueron condenados a un año de cárcel, que no tuvieron que cumplir-, así como la total exculpación de los más de 300 guardias civiles que intervinieron en la asonada y de los integrantes de la trama civil que impulsó, propició y jaleó el golpe (sólo el ultraderechista Juan García Carrés fue condenado, a dos años de cárcel), completan el dibujo de un Estado constitucional, atacado por los enemigos de la democracia, frente a los que mostró una generosa indulgencia.

Debemos felicitarnos de que aquellos delincuentes se beneficiaran de la Constitución contra la que se levantaron

Había sido tan fuerte el impacto producido por el golpe de Estado en la sociedad española, cinco años y tres meses después de la muerte del dictador y tras sólo dos años de vigencia de la Constitución democrática, que en el momento de conocerse las decisiones judiciales, las condenas fueron recibidas con alivio. Desde luego con más alivio la de la Sala Penal del Tribunal Supremo, de 28 de abril de 1983, que corrigió, a instancias del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, la inicial sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), de 3 de junio de 1982, que limitó a seis años de cárcel la pena para los generales Armada y Torres Rojas, y absolvió a ocho de los tenientes que participaron en la intentona.

El catedrático de Derecho Penal Nicolás García Rivas, en su libro La rebelión militar en derecho penal, critica que el tribunal militar exculpara a los tenientes con base en que la Guardia Civil exige una "obediencia ciega" y en que dichos oficiales tenían una idea "muy general y confusa" sobre la "operación proyectada". García Rivas recuerda que la obediencia no puede ser ciega, porque legalmente quien recibe la orden "debe valorar" si su contenido es "manifiestamente contrario a la ley". Y sobre el conocimiento que los tenientes tenían del golpe, García Rivas señala que, al margen de que se probó judicialmente que "estaban informados" sobre los propósitos de Tejero, "sostener que no estaba clara la situación tras la entrada violenta en el hemiciclo del Congreso, disparando y amenazando al Congreso y al Gobierno en pleno, supone desconocer palmariamente los hechos probados".

De ahí que este penalista resalte cómo el Tribunal Supremo elevó "sustancialmente las penas de gran número de acusados, sobre todo mandos intermedios del Ejército y la Guardia Civil, superándose así, si bien no totalmente", puntualiza, "la benignidad con que hecho tan grave fue tratado por el CSJM". En efecto, la sentencia del Supremo afirma, entre otras cosas, que tras ocupar militarmente el Congreso y secuestrar e inmovilizar a los diputados y al Gobierno, "hasta el más lerdo y de menos entendimiento hubiera comprendido, en el acto, que se estaba perpetrando un delito de rebelión militar".

Lamentablemente, el Supremo no pudo extender este razonamiento a otros militares ni a los centenares de guardias civiles actuantes, porque, como explicó en su sentencia, el alto tribunal no podía "enjuiciar el comportamiento de personas no procesadas ni encausadas". La exculpación de militares y guardias civiles de inferior graduación fue consecuencia de la exigencia de Tejero -"no responsabilidades de teniente para abajo"-, plasmada hacia las 10.40 del 24 de febrero en lo que se conoce como el pacto del capó, que, por muy ilegal e inaceptable que resulte, "el CSJM subrepticiamente lo asumió", apostilla García Rivas.

Pasados 25 años desde aquel terrible atentado contra la naciente democracia española, que pudo provocar una brutal matanza, introducirnos en una involución política flagrante o desencadenar una nueva guerra civil, creo que quienes fuimos testigos directos del 23-F, de la actuación violenta y rebelde contra las más altas instituciones del Estado y de la zafiedad patriotera con que se comportaron los golpistas, por encima de la falta de rigor jurídico con que se juzgaron aquellas conductas delictivas, debemos felicitarnos, como los demás demócratas destinatarios del golpe, de que aquellos delincuentes uniformados se beneficiaran de la Constitución contra la que se levantaron en armas.

Como cuando los terroristas invocan las garantías del Estado de derecho que ellos combaten, resulta profiláctico que Tejero, Milans del Bosch, Armada, Torres Rojas y sus decenas de secuaces protegieran sus vidas gracias a la Constitución contra la que se alzaron que, entre otras novedades democráticas, abolió la pena de muerte. Porque no hay duda de que los hechos acaecidos el 23-F habrían conducido derechamente a sus autores a la pena capital si se les hubiera podido -y querido- aplicar la añorada -por los golpistas- legislación franquista.

El estremecimiento que legítimamente puede producir la indulgencia excesiva con que se canceló el 23-F debe ceder el paso, en el 25º aniversario de la intentona golpista, a la reflexión sobre la grandeza de la democracia cuando no agota las posibilidades de sanción penal frente a unos delincuentes -incluso en el caso de no mostrarse arrepentidos, como los golpistas- desactivados, desarmados y aislados en una sociedad que, cinco lustros después, les observa como personajes del paleolítico inferior y apuesta por avanzar y mirar hacia adelante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de marzo de 2006