Ciudadanía o vasallaje

En los albores de nuestra Constitución una compañera de Derecho Constitucional escribió un artículo titulado Ciudadanos o súbditos al reflexionar sobre el proceso constituyente y la participación de la ciudadanía. El siervo no sabe lo que hace su señor, no tienen por qué, pero ¿y la ciudadanía?

Esa misma cuestión se puede plantear hoy, tras casi 28 años viviendo con el texto constitucional. ¿Qué relación tienen las autoridades con la ciudadanía? ¿Cómo les hacen saber sus decisiones?

Una de las características que determinan la calificación de una decisión (norma, ley, decreto, orden, etc.) como democrática es que sobre ella puedan expresar su opinión todas las personas que puedan verse afectadas por la misma. Es obvio que no se refieren a las que la información les corresponde por derecho (por ejemplo: expropiación de una propiedad). Por eso existe el concepto de afectado que es mucho más amplio, al igual que el concepto de interés aunque la legislación lo haya definido en su acepción más reducida. La prueba de lo complejo de su definición es la cantidad de reflexiones que ambos conceptos han suscitado.

Estos días están desmantelando la plaza de José Mª Orense, sí, la cuestión es tal que ya no se llama plaza, sino calle, aunque no hayan cambiado el rótulo y tampoco sepamos cuál de los cuatro lados (callejones) se va a llamar así y cómo se van a llamar los demás, los otros tres.

Es cierto que el suelo desde siempre fue dotacional y que se expropió, parece ser, para edificar un colegio, pero lo cierto es que un buen día un conocido constructor, que edificó un inmueble con seis alturas más de las que figuraban en el planeamiento municipal, urbanizó la plaza con 61 árboles y 13 setos bajos, juegos infantiles, dos fuentes públicas, 8 papeleras, un campo de juego con portería de fútbol y canasta de baloncesto, 26 bancos de madera, 22 farolas de alumbrado público... y que el Ayuntamiento la ha mantenido y remozado en cuantas ocasiones se han producido desperfectos.

Los vecinos nunca, hasta ahora, hemos sabido que era una plaza virtual que, como en las fotos de propaganda, había trucaje, que al igual que la señora de la foto no te la regalan con la máquina, la plaza sólo era una virtualidad que podría favorecer la venta de los pisos: vivienda familiar + jardín + juegos = espacio para que los niños jueguen y tomen sol y aire, para que las personas mayores descansen al aire libre, etc. Y así, este constructor, como se puede comprobar en las fotos, subió seis alturas más su inmueble y urbanizó la plaza. Después, en la misma plaza, construyó varios edificios más con las mismas alturas. Todo ello en una plaza-jardín preciosa y utilizada, a diario, por cientos de niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas...

Todo eso va a desaparecer. En el iter se nos ha llamado de todo (insolidarios), comparándonos con Goebels, jefe de propaganda del nazismo, etc.

La cuestión es un enfrentamiento también virtual entre el vecindario, hoy Asociación, y la posible beneficiaria del desalojo, Avapace, y es virtual porque no es cierto que Avapace haya elegido nuestra plaza para su residencia, hay muchos más espacios en Valencia en los que se podría edificar pero, como la propaganda, lo virtual ha surtido efecto. Cualquier persona a la que hemos contado el caso lo ha dado por perdido, precisamente por tratarse de Avapace que, de entrada, provoca adhesión para su proyecto frente a un vecindario al que le quitan una plaza que parece nunca ha sido tal. Pero como digo, ¿será por espacio? ¿Hemos tenido algún problema para reubicar, por ejemplo, Mestalla?

Quizás el trasfondo, puede ser, que es más fácil vender una construcción con zona ajardinada (¿les suena a propaganda de urbanización?) que cubriendo todo el espacio al que dan las fachadas principales de uso rotacional o de una pared de cinco metros de altura. Tampoco es el mejor espacio para Avapace.

Volviendo al principio, ¿qué somos el vecindario de una gran ciudad como es Valencia?, ¿ciudadanía, las personas que habitan en la ciudad ejerciendo sus derechos, o súbditos, que no deciden, ni saben, ni se les informa? ¿Por qué, en principio, se le llamó plaza? ¿Por qué no se nos ha comunicado el cambio del uso educacional o el cambio de plaza por calle? Una autoridad democrática, creemos, debe establecer una relación con la ciudadanía y al igual que ilumina las calles (Navidad o Fallas) o nos informa sobre bonificaciones tributarias (pongo por caso) podría comunicar una decisión que afecta peyorativamente a la convivencia en un barrio.

Los vecinos pensamos y nos sentimos ciudadanía, amparados y sintiendo el principio de confianza legítima, sin embargo, nos parece vulnerado si la decisión tomada por las autoridades se lleva adelante.

Este principio de confianza legítima no es una frase o sentimiento, pues corresponde a la órbita más amplia de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. Es el principio que contribuye a la consolidación del concepto de ciudadanía, de personas ciudadanas que pueden confiar en que sus autoridades no sólo quieren mandar, sino también convencer.

Julia Sevilla Merino. Vecina de la plaza José Mª Orense y profesora de Derecho Constitucional