Después de la OPA

A la manoseada OPA de Gas Natural sobre Endesa le queda sólo un trámite administrativo difícil, que es el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Cabe suponer que a finales de enero la OPA habrá cruzado todas las barreras de las autoridades de competencia y entrará en la vía económico financiera, esa en la que los accionistas deciden. Eso sí, hasta que el cambio de propiedad concluya -si llega a tener éxito-, la cruzada obstruccionista organizada por los directivos (es decir, los administradores) de Endesa puede intensificarse hasta el paroxismo. Quizá algún día pueda contabilizarse el número de recursos, demandas, reclamaciones, impugnaciones, dictámenes y medidas cautelares que han desplegado los directivos para impedir la operación. Por cierto, no estaría de más conocer cuando costará el despliegue de defensas legales contra la OPA decidido por directivos que, al parecer, deberían sentirse concernidos por las limitaciones que establece la Ley de OPA.

Los CTC deben desaparecer en la nueva tarifa eléctrica; y el ministerio de Industria ha cometido un error al reconocer el déficit tarifario

Supuesto que la operación está ya encaminada, que existen probabbilidades elevadas de que triunfe la primera OPA hostil en España y que el cambio de propiedad y de modelo de negocio es imprescindible para modificar el mercado energético español, conviene ahora examinar qué tipo de decisiones puede tomar el Gobierno para reorganizar ese mercado. Al respecto deberá tenerse en cuenta el informe que redacte la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el en otros tiempos famoso Libro Blanco de la Energía y que a partir de finales de enero recobrará probablemente la notoriedad. Hay motivos suficientes de controversia como para que se encampanen las cuatro eléctricas que dominan por ciompleto el mercado eléctrico. Baste hoy mencionar dos de ellos: el mercado de generación y las tarifas.

Ignacio Pérez Arriaga, autor del Libro Blanco, proponía lisa y llanamente retirar la generación hidráulica y nuclear del mercado, pagar esos megawatios a 36 euros -el mercado lo paga actualmente a unos 60 euros, como el resto de las energías- en atención a que el agua es una concesión administrativa y el grado de amortización de las nucleares. Es una solución que avalan desde el ministerio de Industria; pero pueden aparecer posiciones que consideren el precio [alto] del agua como una señal del mercado para evitar el derroche. Otra opción que se maneja es la de aplicar un windfall tax, impuesto sobre el exceso de beneficio producido fuera del mercado.

En el caso de las nuevas tarifas eléctricas, el cruce de intereses y presiones del más variado pelaje, políticas y empresariales, causará sin duda colisiones múltiples que la autoridad energética -en el caso de que exista, que hoy es dudoso- debería resolver con autoridad y soltura. Una guía elemental para articular el nuevo modelo de tarifa requiere tener en cuenta al menos varios criterios iniciales. Como éstos:

- Puesto que Industria no renuncia a imponer tarifas aditivas -por suma de costes-, quizá porque quiere mantener ese poder, a pesar de la probada capacidad de las empresas eléctricas para burlarlas con recargos y costes inverosímiles, debería al menos trasladar la tarea a la CNE. La Comisión parece técnicamente más capacitada para hacerlo que irrisoria estructura energética dle ministerio. La Comisión debería iniciar la costumbre de investigar (y sancionar si llega el caso) las manipulaciones de lo que llaman mercado eléctrico, que no es sino un cruce de intereses de empresas matrices y vinculadas para situar el precio a conveniencia. -

ELos Costes de Transición a la Competencia (CTC) deben cancelarse. Nada justifica su mantenimiento; el precio apañado del mercadillo es lo suficientemente elevado como para recuperar las inversiones realizadas, y no ha lugar a los temores [ficticios] sobre la calidad de los activos eléctricos o el reducido tamaño del mercado español aducidos en su día para extraer el dinero a los consumidores.

- El déficit de tarifa también debería desaparecer. No se puede defender en serio que en España exista un precio de mercado para la electricidad. El ministerio ha cometido el error de reconocerlo, probablemente como consecuencia indeseada de un pulso interno en el área de Energía. Al menos, que se compruebe la pertinencia de los costes que incluye. ¿Incorpora, por ejemplo, el coste de los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno regaló a las eléctricas?

- Las tarifas deben revisarse con carácter trimestral.