Las reformas pendientes

El 2006 nacerá con algunas tareas de calado pendientes: las reformas laboral y fiscal y los ajustes a que obligue la política de financiación autonómica. Una y otra reforma deben entrar en el horno cuanto antes.

En la primera de ellas, Zapatero se comprometió, cuando todavía era una opción de Gobierno, a abordarla, y de manera profunda, en la segunda parte de la legislatura. En 2006 se entra, precisamente, en esa parte. El grueso de la reforma afectará al impuesto de la renta de personas físicas (IRPF) y al impuesto de sociedades (IS). El objetivo es que las nuevas retenciones se puedan aplicar a partir de 2007 (es decir, en la declaración de la renta que se haga en 2008) y que, igualmente, las empresas puedan hacerlo desde ese año.

Varios IRPF

En el caso del IRPF, el Gobierno barajó la posibilidad de instaurar un tipo único. Es decir, habría un mínimo exento de tributar y, a partir de cierta cantidad, se aplicaría a todos el mismo baremo. Sin embargo, esa opción parece totalmente descartada y lo más probable es que se fijen tres o cuatro frente a los cinco que existen en la actualidad (entre el 15% y el 45%). En estudio está, sobre todo, a cuánto se reduce el tipo más alto, si será el 40% o algo más.

Dentro de este impuesto, el 30% está cedido a las comunidades autónomas y, como consecuencia de las negociaciones sobre financiación, ese porcentaje puede subir hasta el 50%. El Gobierno no quiere que supere ese techo, aunque en algunas comunidades han planteado que sean, incluso, muy superiores.

En cuanto al IS, el Ejecutivo pretende que el tipo que se aplica a los beneficios de las empresas baje del 35% actual al 30%. En cuanto a otros rendimientos (plusvalías, seguros, intereses...), el objetivo es aplicar un tipo único. Ahora, las plusvalías tributan al 15%, mientras los seguros y los intereses lo hacen como rendimientos de trabajo.

Quizá la reforma laboral va a encontrar más dificultades. Son, básicamente, dos los frentes abiertos: la indemnización por despido y la temporalidad. En el primero, la patronal quiere reducir los días pagados por año trabajado (45 días) a todos los colectivos. En el segundo, las partes quieren atajar la alta tasa de contratos temporales (un 32%).