EE UU estudia si autoriza la venta de aviones españoles a Venezuela
La empresa Lockheed firma un contrato con Navantia por 200 millones
Estados Unidos ha empezado ya a estudiar la situación creada tras la firma del contrato de venta de 12 aviones de transporte de la firma española CASA-EADS a Venezuela. Para que la venta se realice es imprescindible que Washington apruebe la licencia de exportanción de su tecnología. Los expertos advierten de que no hace falta que vete la operación, basta con que demore indefinidamente la licencia.
EE UU ha abierto ya el plazo de estudio de la solicitud de licencia de reexportación. "De manera sistemática, se revisa cualquier petición de transferencia de equipos o tecnología original es...
Estados Unidos ha empezado ya a estudiar la situación creada tras la firma del contrato de venta de 12 aviones de transporte de la firma española CASA-EADS a Venezuela. Para que la venta se realice es imprescindible que Washington apruebe la licencia de exportanción de su tecnología. Los expertos advierten de que no hace falta que vete la operación, basta con que demore indefinidamente la licencia.
EE UU ha abierto ya el plazo de estudio de la solicitud de licencia de reexportación. "De manera sistemática, se revisa cualquier petición de transferencia de equipos o tecnología original estadounidense, de acuerdo con las leyes de EE UU", dijo una portavoz del Departamento de Estado. "Estados Unidos", añadió, "analiza estas ventas muy cuidadosamente. No se trata de España; así se hace siempre con todos los países".
Sean McCormack, portavoz de Condoleezza Rice, reiteró el lunes que EE UU "ha expresado su preocupación al Gobierno español por estas ventas [a Venezuela]". En el proceso de examen de las condiciones para dar la licencia de exportación o negarla, que no tiene un plazo fijo, intervienen diversos organismos. No hace falta decir no, avisan las fuentes consultadas; basta con aplazar sine die la licencia.
La decisión última de la Administración estadounidense depende de muchos factores. Estados Unidos mantiene una tensa relación con Hugo Chávez, al que acusa de ser un elemento desestabilizador en la región. En cuanto a la operación en sí, el embajador español en EE UU, Carlos Westendorp, recuerda que "el ministro de Defensa ya estuvo en Washington y explicó a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, que se trataba de material para la lucha contra el narcotráfico, y aviones de transporte, no de armamento". Semanas antes de la visita, en mayo pasado, Rumsfeld había dicho que España cometía un error con esa venta. Los mensajes de José Bono pudieron apaciguarle, pero ayudan poco los del mandatario venezolano, que en repetidas ocasiones ha llamado "loco" y "asesino" a Bush.
Mientras, las empresas españolas de Defensa están pendientes de importantes ventas a EE UU. La española CASA-EADS y la estadounidense Lockheed Martin ganaron hace dos años el contrato para acceder al programa IDS (Sistema Integrado de Aguas Profundas) que dotará al Servicio de Guardacostas de 36 aviones de patrulla marítima. El Servicio recibirá en 2006 los tres primeros CN-235 -el mismo avión del que se venden dos unidades a Venezuela, junto a 10 C-295- por casi 90 millones de dólares.
El Congreso ya ha aprobado otros 60 millones para dos nuevos aviones que están pendientes de una última negociación. El Servicio de Guardacostas prevé comprar cuatro o cinco aviones al año, hasta los 36 previstos.
Además, CASA-EADS, asociada en este caso con Raytheon, tiene otro importante objetivo: la venta al Ejército de Tierra de EE UU de 33 aviones. Según el servicio de noticias del Dow Jones, "el acuerdo [de venta de material militar a Venezuela], al que se opone EE UU, podría rebajar a corto plazo las posibilidades de CASA-EADS de lograr la concesión del Ejército de EE UU".
Ajenos a esta polémica el presidente de los astilleros públicos Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, y el de la empresa estadounidense Lockheed Martin, Fred Mossally, tienen previsto firmar hoy el contrato de suministro del núcleo del sistema de combate del submarino S-80, por 200 millones de euros.
La decisión, adoptada el pasado 26 de julio, provocó la presentación de un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional por parte de la empresa Raytheon, también estadounidense, una de las aspirantes que fueron descartadas; como la alemana Atlas o la francesa DCN.
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