El Ayuntamiento de Castellón y la Jaume I optan por compartir edificios para zanjar su polémica

Decisión salomónica. El enfrentamiento surgido entre el Ayuntamiento de Castellón y la Universidad Jaume I por lograr la cesión del uso del antiguo edificio de Hacienda, de titularidad estatal, comienza a diluirse. El alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, y el rector de la Jaume I, Francisco Toledo, anunciaron ayer su voluntad de compartir edificios públicos con el fin de acabar así con la pugna por comprobar qué institución se hacía con el uso del edificio de Hacienda o el próximamente vacante de la Audiencia, de titularidad autonómica.

En cualquier caso, ambos habrán de trasladar ahora su voluntad a las otras instituciones implicadas, la Generalitat y el Gobierno central, y determinar la manera de gestionar y "ocupar" los espacios para cubrir las necesidades plasmadas en proyectos tanto por parte del Ayuntamiento como de la Jaume I.

La Universidad Jaume I reclamó el edificio para la instalación de su sede en el casco urbano de la ciudad, con el fin de "mejorar" la relación entre la sociedad castellonense y la institución académica, y desarrollar, además, un proyecto basado en las nuevas tecnologías y en el multilingüismo. El Ayuntamiento dijo que el edificio debería repercutir directamente en la ciudad para crear un nuevo centro de cultura. La paz fue escenificada por Alberto Fabra y por Francisco Toledo, tras un encuentro en el que Fabra pretendía únicamente trasladar a Toledo su interés por que la universidad alcance acuerdos de intercambio de estudiantes con la universidad rumana de Targoviste.

La polémica impuso la necesidad de otro "orden del día" para, incluso, anunciar el "compromiso", tal como lo calificó el alcalde, o la "voluntad", según la denominó el rector, de "ir de la mano en la creación de nuevos espacios con el fin de hacer ciudad".

De momento, ambos señalaron las posibilidades de cuatro espacios, dos de ellos de titularidad autonómica (Audiencia y el futuro megaespai), uno estatal (Hacienda) y uno en manos privadas (antigua fábrica Dávalos). Ayuntamiento y Universidad tratarán de fijar un calendario de contactos con los interlocutores para lograr su aprobación y eventualmente concretar la forma de gestión conjunta.

En cualquier caso, la solución no puede demorarse ya que el rector fue claro a la hora de señalar que la salida al conflicto creado ha de llegar antes de que el Gobierno conteste a las solicitudes de uso del edificio de Hacienda porque, en el caso de que la Administración central decida a qué institución cederlo antes de concretar la "nueva voluntad" de colaboración mostrada por la Universidad y el Ayuntamiento de la capital de La Plana, "nos encontraremos", dijo el rector de la Jaume I, "en un momento en el que ninguno nos queremos encontrar".

Además, tanto Toledo como Fabra insistieron en que los proyectos de la Generalitat, la Jaume I y el Ayuntamiento tienen muchos puntos en común sobre necesidades que arrecian en Castellón y en que la colaboración y el planteamiento conjunto ayudarán a que exista una "sobreoferta", por ejemplo, en la creación de un espacio con accesos a Internet.