Columna
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Cámaras y orden público

Hace ahora unos tres años que se produjo en Crevillent un conflicto originado por la emigración. La conducta de algunos jóvenes magrebíes, que vivían en el límite de la pequeña delincuencia, provocó una serie de incidentes que alarmaron a la población. Ante los hechos, el alcalde, César Augusto Asencio, solicitó la inmediata presencia de la Guardia Civil. Pretendía Asencio que los agentes controlaran los movimientos de los magrebíes, sus entradas y salidas de la ciudad, que realizaran registros, inspecciones, y detuvieran a quienes la opinión pública señalaba como causantes del conflicto. Por fortuna, no fue preciso declarar el estado de sitio en Crevillent, como pretendía el alcalde, y una discreta presencia policial bastó para calmar los ánimos.

Recientemente han vuelto a producirse unos sucesos semejantes en la ciudad. También ha sido esta vez el comportamiento de unos jóvenes árabes el desencadenante del conflicto. En esta ocasión, sin embargo, Asencio se ha mostrado menos vehemente y no ha solicitado la presencia de la Guardia Civil con la misma urgencia. Más en consonancia con los tiempos que corren, el alcalde ha anunciado que instalará cámaras de televisión para controlar el orden público. Entre la Guardia Civil registrando a los emigrantes magrebíes y las cámaras de televisión grabándoles, hay una evolución importante. El país, no cabe duda, avanza.

Vigilar el orden público mediante la televisión se está convirtiendo en una tentación para las autoridades y cada día que pasa aumenta el número de poblaciones que utilizan este procedimiento. El sistema se multiplica porque es moderno, tiene la ventaja de no ser excesivamente costoso y aseguran que da buenos resultados. Aunque también es cierto que, en algunos lugares, la delincuencia se ha desplazado a las zonas que carecen de cámaras. Claro que eso se corrige rápidamente instalando más aparatos. En los Estados Unidos, que es el país donde esta forma de vigilancia se encuentra más extendida, ha aparecido una nueva corriente artística que utiliza la presencia de las cámaras de televisión para sus representaciones. Ante estos hechos, algunos políticos y juristas han planteado el problema de la intimidad personal. Pero, tal como están las cosas actualmente, parece que el ciudadano acepta sacrificar su privacidad si, a cambio, piensa que obtiene una mayor seguridad.

Entre las abundantes noticias que se han publicado sobre los últimos sucesos de Crevillent, no he leído que el alcalde, César Augusto Asencio, explicara su política sobre la emigración. Es una lástima, pues conocerla hubiera sido del mayor interés. Tras los sucesos de 2002, un político de su experiencia tuvo que tomar medidas para resolver el conflicto y atajar sus causas. En estos años, el alcalde habrá manejado informes de sociólogos, hablado con numerosos expertos a los que debe de haber solicitado su consejo y, como es natural, tendrá un plan de actuación que, sin duda, estará aplicando. Quizá este plan no se haya podido cumplir por completo -si así fuera, es probable que no se hubiera reproducido ahora el conflicto- pero, sin duda, debe haber dado algunos resultados. Es una lástima que la modestia de Asencio le haya impedido airearlos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 10 de noviembre de 2005.