El Parlament exige el nombre de los cargos que se repartieron 3,2 millones en FGC

La comisión del Parlament que analizó el pasado martes los informes de la Sindicatura de Cuentas sobre Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) exigió ayer conocer los nombres de los 15 directivos de la empresa pública que se repartieron 3,2 millones de euros de un fondo de pensiones constituido sin conocimiento del Consejo de Administración. Los hechos se produjeron entre 1991 y 2000, en los que gobernaba CiU. Salvo el grupo nacionalista, los demás votaron a favor de la propuesta de ICV; también dieron su apoyo al Gobierno por haber enviado al tribunal de cuentas los contratos blindados del anterior presidente de FGC, Antonio Herce. Además, la comisión aprobó una propuesta del PP en la que se pide a Ferrocarrils de Catalunya que incluya en su patrimonio todas las propiedades y haga un inventario, ante la evidencia de que hay propiedades no inventariadas.

La comisión aprobó también una moción de censura a TV-3 por la escasa colaboración mostrada al no haber entregado dos auditorías y anunció que exigirá conocer su contenido. La empresa pública GISA también se vio censurada. Los diputados exigen que en sus futuros contratos se ciña a la ley que garantiza la publicidad y la igualdad en la concurrencia para las empresas.

Una propuesta de CiU para censurar la actuación de Barcelona Regional no prosperó porque el Parlament no es competente en empresas municipales.