ACNUR verifica que España expulsó hacia Marruecos a candidatos al asilo político

El Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) ha verificado que entre los 73 inmigrantes devueltos por la Administración española a Marruecos el día 6 figuran cuatro oriundos de Costa de Marfil que son potenciales solicitantes de asilo político y otros dos de Malí que pidieron asilo en Marruecos. El conflicto interno en Costa de Marfil ha provocado el desplazamiento de 500.000 personas, según el último informe del Programa de la ONU para el Desarrollo.

Deborah Elizondo, encargada de la sección legal de ACNUR España, no quiso cargar las tintas sobre estos casos y atribuyó la devolución de estos seis inmigrantes a un "error" del Gobierno español. Tras comprobar la existencia de estos seis casos con la delegación de ACNUR, un abogado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Melilla interpondrá seis recursos por protección de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla.

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"Entendemos que se ha vulnerado el derecho a la integridad física de los extranjeros; se ha constatado que Marruecos no la respeta", denunció ayer la letrada Elena Arce, que se desplazó a Melilla con otros dos miembros de la subcomisión de Derechos de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. "España y Marruecos están actuando contra el derecho de asilo", concluyó.

La representante de ACNUR, por su parte, ha reclamado a las autoridades españolas que adopten medidas para que la protección de los demandantes de asilo sea "efectiva" y tengan acceso a la información necesaria para tramitar su petición, si lo desean. "Si no le das acceso al procedimiento de asilo y lo devuelves a un país donde no hay una garantía, lo estás exponiendo a una devolución forzada a su país, y esto podría constituir una violación de la Convención de Ginebra", agregó.

Deborah Elizondo, después de visitar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, rebajó ayer a tres la cifra de subsaharianos que permanecen en este recinto que podrían solicitar asilo, si bien en su primera jornada en Melilla había calculado que podrían rondar entre 100 y 150, a partir de fuentes de algunas ONG.

La representante de ACNUR, por su parte, ha reclamado a las autoridades españolas que adopten medidas para que la protección de los demandantes de asilo sea "efectiva" y tengan acceso a la información necesaria para tramitar su petición, si lo desean. "Si no le das acceso al procedimiento de asilo y lo devuelves a un país donde no hay una garantía, lo estás exponiendo a una devolución forzada a su país, y esto podría constituir una violación de la Convención de Ginebra", agregó.

Deborah Elizondo, después de visitar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, rebajó ayer a tres la cifra de subsaharianos que permanecen en este recinto que podrían solicitar asilo, si bien en su primera jornada en Melilla había calculado que podrían rondar entre 100 y 150, a partir de las informaciones que le habían facilitado algunas ONG.

El procedimiento empleado el pasado día 6 para devolver a un grupo de inmigrantes que había logrado entrar en Melilla está suscitando numerosas críticas entre organizaciones humanitarias y de organismos como el Consejo General de la Abogacía. Éste protestó por escrito, en una carta dirigida al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y ha enviado una comisión a Melilla para detectar posibles problemas.

El primer error

La letrada Elena Arce asegura que el "primer error" residió en abrir un expediente de devolución a estos inmigrantes, ya que la Ley de Extranjería reserva esta figura para aquellos casos en los que son sorprendidos intentando entrar en España, o bien se encuentran en el país con una orden de expulsión anterior.

A su juicio, lo correcto habría sido incoar un expediente de expulsión, que ofrece más garantías jurídicas para el inmigrante y que se reserva para aquéllos que se encuentran de forma irregular dentro del territorio español. Estas devoluciones, según Arce, también serán recurridas ante el Ministerio del Interior por un letrado de Melilla.

Arce, además, criticó la falta de medios en la ciudad, que dificulta que los inmigrantes reciban asistencia jurídica con garantías. "El ministerio ha denegado un segundo abogado de guardia para Melilla y los letrados no pueden utilizar al único intérprete que hay en sus entrevistas con los inmigrantes", reprochó. Varias organizaciones humanitarias acudieron ayer al CETI para denunciar ante los medios las devoluciones del día 6.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0012, 12 de octubre de 2005.

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