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España apoya a la UE en evaluar el riesgo de 30.000 sustancias químicas

La norma reducirá los casos de cáncer y de enfermedades respiratorias, según el Gobierno

El Gobierno español defiende, aunque con matices, la propuesta de la Comisión Europea para regular las 30.000 sustancias químicas presentes en la vida cotidiana conocida como Reach (registros, evaluación y aprobación de sustancias químicas, en sus siglas en inglés). La posición oficial del Gobierno, elaborada fundamentalmente por Industria y Medio Ambiente, defiende que el sistema de control sobre los productos químicos tendrá más ventajas sobre la salud de los ciudadanos al reducir "la incidencia de cánceres, enfermedades respiratorias y neurológicas" y afirma que "no afectará significativamente a la competitividad de la industria". Muchos sectores se verán afectados por la norma.

La vida cotidiana está llena de productos químicos sintéticos. En la UE hay 100.106 sustancias registradas y la industria produce más de una tonelada al año de unas 30.000 sustancias. Han servido para fabricar ordenadores y chips, están en la tinta de las impresoras, son retardantes contra el fuego o evitan incendios. Destacados científicos afirman que están detrás del aumento del asma, el cáncer, disfunciones hormonales e infertilidad. La Comisión Europea asegura que ignora los efectos de estas 30.000 sustancias.

Para mejorar el control, la comisión presentó en 2003 el Reach, sobre la fabricación, importación o comercialización de sustancias químicas, que hace responsables del control a los fabricantes, no a los Gobiernos. El sistema establece varios pasos. El primero es el registro: el fabricante o importador de sustancias de las que se fabrique más de una tonelada al año debe comunicar la identidad de la sustancia y una evaluación preliminar del riesgo. Después, los países y una agencia europea deben evaluar el riesgo para la salud de los productos, con prioridad para los sospechosos y los que se producen en mayores cantidades. Los compuestos con actividad hormonal, cancerígenos, y en general los más perjudiciales, sólo podrán ser comercializados con autorización para usos concretos y en dosis determinadas.

El reglamento afronta su recta final. El Parlamento Europeo lo vota en noviembre y El Reino Unido está empeñado en llegar a un acuerdo antes de 2006. El Gobierno español envió el viernes a las comunidades autónomas y a las partes implicadas el documento en el que fija su posición oficial. El texto ha sido elaborado durante meses por los ministerios de Industria, Medio Ambiente, Sanidad, Trabajo y Asuntos Exteriores. El resultado son 16 folios que en general apoyan la normativa aunque piden algunos recortes en el control a los productos de sectores importantes en España, como el cerámico.

El Gobierno reconoce en el documento, al que ha tenido acceso este diario, que en las reuniones "ha habido dificultades para alcanzar acuerdos entre los ministerios, lo que ha provocado la consiguiente falta de definición o de claridad en la posición española ante la UE". Las principales diferencias surgieron entre Industria y Medio Ambiente.

El documento asegura que "Reach permitirá reducir la incidencia de cánceres, alergias, enfermedades respiratorias, neurológicas, inducidas por la exposición de productos químicos, en particular si éstas presentan propiedades carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción". También "reducirá muchos riesgos para el medio ambiente (...)". "Los costes de remediación de suelos y de aguas contaminadas por productos químicos", prosigue, "son muy superiores a los costes de prevención que implica Reach".

El texto reconoce que Reach afecta a casi todos los sectores industriales:"También a los denominados usuarios intermedios que pueden ser químicos, como el sector de los detergentes, lubricantes, colorantes, tintes..., y no químicos como el sector textil, curtidos, papel,metalurgia, siderurgia, construcción, tratamiento de agua...".

El Gobierno admite que los costes derivados del plan "tendrán un efecto mucho mayor" sobre las pequeñas y medianas industrias. También señala que la rentabilidad de las sustancias químicas de las que se fabrican menos de 100 toneladas puede verse afectada. Pese a todo, el Gobierno concluye que "no parece probable que la aplicación pueda afectar significativamente a la competitividad de la industria".

La Federación de la Industria Química Española reconoce que la legislación existente no había sido eficaz, pero argumenta que "sólo las sustancias preocupantes deberían someterse a evaluación y autorización, con independencia de su volumen". Señala que la realización de ensayos antes de poner un producto en el mercado tiene un coste que las pequeñas empresas no podrán asumir. Los sindicatos, como Comisiones Obreras, niegan que haya peligro de pérdida de empleos y apoyan un Reach fuerte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2005