El juez deja en libertad a cuatro fundadores del Partido Comunista de las Tierras Vascas
El líder del PCTV niega vínculos con Batasuna mientras testifica asesorado por Goirizel aia
El presidente del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera), Juan Carlos Ramos Sánchez, negó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska cualquier vinculación con ETA y Batasuna, aunque acudió a declarar asistido por la abogada Jone Goirizelaia, ex parlamentaria de la ilegalizada formación política y habitual defensora de miembros de ETA.Goirizelaia ejerció también de letrada de los otros tres fundadores de EHAK que declararon ante el juez: Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez.
Blázquez es secretario de EHAK; Ramos era el tesorero en el momento de la constitución del partido, cargo del que dimitió el pasado enero, y Rodríguez fue el responsable de formación, pero luego renunció.
El juez Grande-Marlaska, que el pasado miércoles dio de plazo hasta el lunes próximo para depositar fianzas de 100.000 euros a cada uno de los tres responsables de comunicación de EHAK para no tener que ingresar en prisión, dejó ayer en libertad a los cuatro fundadores de esa formación. Únicamente a dos de ellos, Juan Carlos Ramos y Aritz Blázquez, les impuso, tras declarar, comparecencias mensuales ante la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio.
La decisión parece paradójica, aunque no lo es a los ojos del magistrado, ya que los tres responsables de comunicación de EHAK y que antes lo habían sido de Batasuna -Joseba Zinkunegi, Juan José Petrikorena y Peio Gálvez- son personas que a su entender "ocupan puestos de segundo nivel dentro del entramado terrorista", mientras que los cuatro fundadores de EHAK en todo caso habrían colaborado con ETA, "pudiéndose hablar de un dejar hacer".
Los cuatro fundadores de EHAK realizaron una declaración genérica ante el juez de rechazo de su pertenencia o vinculación con ETA y Batasuna y se negaron a responder a las preguntas del fiscal y de la acusación particular, ejercida por la AVT.
El presidente del partido, Juan Carlos Ramos, que declaró en primer lugar, aseguró ante el juez: "Somos comunistas, y los comunistas no cedemos a nadie la vanguardia del movimiento revolucionario". Con esa frase trató de justificar que no había cedido las listas electorales de su partido a Batasuna o a ETA en los últimos comicios al Parlamento vasco.
Sin embargo, el auto del juez destaca que aunque "la conducta de los imputados (...) reviste la suficiente gravedad y sería subsumible en un delito de colaboración con organización terrorista (...) permitiendo a ETA-Batasuna mantener incólume su frente político institucional, sirviendo a la estrategia diseñada años atrás", no se puede obviar que "salvo ese asentimiento a la cesión de listas (...) no se acompaña de actuaciones posteriores que la complementen, pudiéndose hablar de un dejar hacer".
La resolución señala que el presidente y el secretario de EHAK "participaron en una reunión el 30 de marzo de 2005 con destacados miembros de la ilegalizada Batasuna en la que asintieron a que las listas electorales de dicho partido fueran utilizadas por Batasuna en los comicios al Parlamento vasco del 17 de abril de 2005". El auto reconoce que con posterioridad "no hicieron ninguna manifestación pública conocida de asunción del programa electoral finalmente asumido e identificado con el de las ilegalizadas Batasuna y Aukera Guztiak, siempre bajo el mandato de la organización terrorista ETA para poner fin al denominado ciclo de ilegalización de la izquierda abertzale".
Por otra parte, el dirigente de ETA José Javier Zabaleta, Baldo, fue condenado ayer a 49 años y dos meses de prisión como autor por inducción de un atentado cometido en Pamplona el 24 de mayo de 1984, en el que murió el capitán Luis Ollo Ochoa y resultó gravemente herida su esposa, Esther Pérez Armentia. Durante el juicio, el que fuera jefe del aparato militar de la banda terrorista exigió al tribunal poder abandonar la sala, pero ante la negativa del presidente, Javier Gómez Bermúdez, comenzó a desnudarse. Cuando se quitaba los pantalones, el presidente ordenó su desalojo, y dedujo testimonio por esa actuación.
