La inspección de Bienestar Social pidió hace un año el cierre del centro clausurado en L'Eliana

Los servicios de inspección de Bienestar Social pidieron hace un año el cierre de la vivienda tutelada para enfermos mentales de L'Eliana, cuyas antiguas responsables están detenidas acusadas de maltrato. La consejera Alicia de Miguel señaló ayer a este diario que en ninguna visita se detectaron causas de cierre inmediato ni indicios de vejaciones y que en las últimas inspecciones, con la nueva dirección, se habían subsanado muchas de las irregularidades registradas. Bienestar Social cuenta con siete inspectores -otras seis personas hacen estas labores según la consejería- frente a los 18 que fija la ley.

En una visita practicada hace un año a la residencia privada Santa María de la Cañada, un chalé que albergaba la vivienda tutelada para enfermos mentales de L'Eliana, los servicios de inspección de Bienestar Social detectaron irregularidades -no había personal especializado para medicar a los enfermos, entre otros problemas de funcionamiento- que llevaron a los técnicos de la consejería a emitir una propuesta de resolución de cierre, según ha sabido este diario. Estos informes no son vinculantes y al no recibir la sanción de la dirección general el centro siguió funcionando, según algunas fuentes, por la dificultad de realojar a los internos debido a la escasez de recursos de este tipo. Por entonces la vivienda tutelada -en la que se ha encontrado un zulo en el que supuestamente se escondían enfermos- la gestionaba Rosa Pérez que junto a Natividad R. se encuentran detenidas acusadas de maltratar a una decena de residentes, algunos de los cuales estaban bajo tutela de la Generalitat.

La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, que ayer se desplazó al centro, comentó a este diario que su departamento está revisando toda la documentación relativa a la autorización e inspecciones. En ellas "nunca se detectó una situación grave que requiriera con urgencia el cierre" de la vivienda. Además, comento que en las últimas visitas realizadas este año se habían subsanado algunos de los problemas detectados, una mejora que coincidía con el cambio de titularidad de la residencia, que se produjo en noviembre pasado, en buena parte "por la presión de la inspección". Y explicó que el departamento que dirige está igualmente estudiando el proceso de inspecciones así como el de concesión de licencias. "Nuestro objetivo es la mayor garantía de calidad", dijo, aunque no admitió un error en la actuación de la Consejería, informa Lydia Garrido.

El suceso de L'Eliana ha vuelto a poner de relieve la falta de inspectores de la Consejería de Bienestar Social. La ley 5/97, impulsada por el PP, en su disposición transitoria segunda establece que el servicio de inspección "se incrementará en efectivos personales hasta alcanzar una ratio de un inspector por cada 250.000 habitantes". La población de la Comunidad Valenciana es de 4,54 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística de enero de 2004, por lo que le corresponderían 18 inspectores. Sin embargo, el número de técnicos es de siete, aunque la consejería eleva la cifra a 13 "teniendo en cuenta personal que realiza esta misma función de otros departamentos". En todo caso, se estaría por debajo de las cifras que fija la normativa.