La propuesta de financiación del tripartito reporta 2.400 millones más a la Generalitat

El nuevo sistema de financiación que propone el Gobierno catalán supondría 2.400 millones más para las arcas de la Generalitat, sobre la base del Presupuesto de 2005. El grueso de ese incremento procede de la incorporación del impuesto de sociedades -la única gran figura tributaria no compartida o cedida total o parcialmente a las comunidades- y a la mejora de la participación en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Esa cifra está en la banda media de una horquilla que va de los 1.800 a los 3.000 millones, en función de la aportación catalana a la solidaridad interterritorial.

Los cálculos, elaborados por este diario en base a la propuesta del Gobierno catalán y a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, han sido validados por varios expertos fiscales, y conocidos por técnicos de la administración catalana sin que hayan manifestado objeciones.

Los datos se basan en aportar al Estado el 50% de los tributos compartidos, pese a que esa cifra podría ser incluso inferior, según el texto de la propuesta presentada a finales de abril tras un acuerdo entre PSC, ERC e ICV. Además, suponen la aplicación de un mecanismo de solidaridad similar al de países federales como Alemania, con una aportación proporcional a la capacidad fiscal de cada autonomía por encima de la media estatal. Con esos mimbres, el Ejecutivo autónomo recibiría unos 2.400 millones de euros más que con el anterior sistema.

Respecto a los ingresos, la propuesta catalana va en la línea del modelo actual -pactado entre PP y CiU en 2001-, con más participación en los impuestos compartidos (IRPF, IVA y especiales) y la incorporación del de sociedades a esa cesta. Lo que rompe con el esquema actual de la financiación, sin embargo, es el mecanismo de solidaridad, que acabaría con el actual fondo de suficiencia y que el Gobierno catalán propondrá fuera de la negociación del Estatuto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que participan el Gobierno y las comunidades.

La fórmula definitiva cumplirá dos principios básicos: que las comunidades puedan prestar niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal similar, y que los ciudadanos de las autonomías que pagan más impuestos se beneficien de una parte de ese mayor esfuerzo fiscal.

Un porcentaje fijo

Con la fórmula establecida en un borrador inicial -que establecía tres tramos con un nivel de solidaridad distinto a medida que crecen los ingresos-, la aportación de Cataluña ascendía a poco más de 1.500 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo autónomo se decanta ahora por aplicar un porcentaje fijo al exceso de capacidad fiscal, del 30%, el 50% o el 80%.

Con el 30% de solidaridad -que supone una aportación de 894 millones-, el Gobierno catalán obtendría 2.985 millones de la nueva financiación. Con un sistema más solidario y la aplicación de un porcentaje del 80%, las ganancias se reducirían a 1.793 millones. En la simulación efectuada en el gráfico adjunto (ver PDF), con una solidaridad del 50%, se obtienen casi 2.400 millones más que con el anterior sistema. Y una cifra algo inferior si se utilizan los datos de los presupuestos de 2004.

Entre las comunidades que han presentado ya propuestas de financiación, Baleares -que es la única comunidad que no recibe, sino que aporta dinero al fondo de suficiencia, junto con Madrid- también apuesta por una fórmula similar a que propone el tripartito catalán, de forma que las comunidades que tengan ingresos per cápita por encima de la media aporten de manera "solidaria y progresiva" parte de la recaudación impositiva.

Aragón, que reclama una agencia tributaria consorciada y mayor participación en todos los tributos compartidos, aboga por mantener el actual fondo de suficiencia.

El grueso del incremento que se deriva de la aplicación del nuevo modelo en Cataluña procede del impuesto de sociedades, el único cuya recaudación conserva íntegramente el Estado. El Ejecutivo se ha resistido a territorializar este impuesto, y en especial a dar capacidad normativa a las comunidades, con el argumento de impedir la ruptura de la unidad de mercado. El Gobierno catalán, sin embargo, no renuncia a llevar a cabo "políticas propias que puedan beneficiar la actividad productiva", según ha reiterado en varios foros Antoni Castells, consejero de Economía. Castells aboga por "encontrar fórmulas de codecisión" con el resto de las comunidades para incidir en esta figura tributaria "a través del Senado o del CPFF", a pesar de las reticencias del Gobierno de Zapatero.

Junto a sociedades, las mayores subidas corresponden al impuesto sobre la renta y al IVA, además de los impuestos especiales (sobre tabaco, alcohol e hidrocarburos). Frente a las actuales fuentes de ingresos, la propuesta supone eliminar el fondo de suficiencia -que en 2005 aporta 2.263,2 millones de euros al presupuesto catalán, a falta de los datos liquidados- y gran parte de las transferencias del Estado.