El teniente de Roquetas ocultó en su parte que había usado armas no reglamentarias

El teniente José Manuel R., de 29 años, ocultó el empleo de armas no reglamentarias -una porra eléctrica y otra extensible- en el primer parte sobre la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano mientras se encontraba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas (Almería) el 24 de julio pasado. El teniente está citado hoy para declarar como imputado ante la juez de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, Estefanía López, con otros dos agentes. Con estas tres declaraciones concluyen las de los nueve guardias civiles imputados en el caso.

Los agentes que han declarado hasta ahora ante la juez han reconocido que el teniente empleó porras antirreglamentarias. Sin embargo, el oficial no citó este dato en el parte que, el mismo día de la muerte de Juan Martínez Galdeano, remitió a la Comandancia de Almería.

En el escrito, muy sucinto, sólo dejaba constancia de que tuvo que "usar defensas" para reducir al detenido. Precisamente, el empleo de estas armas fue el motivo de que, el 26 de julio, se le abriera al teniente un expediente disciplinario por falta grave, se le apartara del mando del puesto de Roquetas de Mar y se le destinara en comisión de servicios a Almería.

El Ministerio del Interior informó entonces de que el teniente había mostrado "falta de colaboración con el instructor" del expediente incoado por la Guardia Civil, mientras que el ministro José Antonio Alonso declaró el pasado sábado que había existido "cierta resistencia a la investigación".

La versión de José Manuel R. es que utilizó las armas no reglamentarias porque son las que encontró cuando salió precipitadamente al patio del cuartel, donde sus subordinados forcejaban con el detenido.

"Le golpeé durante dos minutos, ni un segundo más, no le sujetaba nadie en esos momentos y empleé alternativamente una y otra porra, que era lo primero que encontré cuando bajé al patio, y vi a una guardia con la mano cubierta de sangre y a otro con un mordisco", ha declarado el teniente a Abc.

"No fueron golpes continuos e incesantes, entre otras cosas porque la defensa eléctrica no estaba en buen uso y yo ya me había cerciorado de ello", agregó. "Las dos las cogí del almacén donde guardamos los objetos incautados; la única arma que podíamos utilizar era la pistola, no tenemos otra, y por supuesto no apareció en ningún momento".

Prisión preventiva

José María Cantalejo, abogado de la familia del agricultor fallecido, aseguró ayer que las declaraciones realizadas por los seis agentes que han comparecido hasta ahora ante la juez han confirmado que los guardias civiles se "extralimitaron y obraron con un exceso de celo", así como que ha existido "un intento de ocultamiento por parte del cuartel".

El letrado adelantó su propósito de pedir la prisión preventiva para el teniente José Manuel R. y la libertad con cargos para los otro ocho agentes imputados. Cantalejo justificó la adopción de esta medida cautelar en base a la "alarma social" generada por la muerte de Martínez Galdeano, y al hecho de que el teniente era el máximo responsable del puesto.

Por su parte, Gustavo Arduán, defensor de los nueve guardias, sostiene que la respuesta de sus clientes resultó "proporcionada, legítima y necesaria", aunque desembocó en un desenlace fatal, que él atribuye a una serie de "concausas".

Arduán hace hincapié en la tardanza en la atención sanitaria, a pesar de que "se requirió" en varias ocasiones, y en el estado alterado del propio fallecido, que el estudio toxicológico aclarará si es achacable al consumo de alguna droga.

El letrado, además, ha solicitado un examen de las características de la porra eléctrica, porque sostiene que "no está claro" que funcionase.

La petición de medidas judiciales para los imputados por parte de la Fiscalía está pendiente de las declaraciones de hoy. No obstante, fuentes próximas al Ministerio Público indicaron que la suspensión de funciones del teniente y de los agentes acordada por los Ministerios de Interior y Defensa es un paso que facilita la investigación judicial y probablemente hace innecesaria la adopción de medidas cautelares extremas.

Fuentes jurídicas explicaron ayer que, a la vista de los datos conocidos hasta el momento, el tipo delictivo que podría corresponder a este caso es el de trato inhumano y degradante, que figura en el artículo 173 del Código Penal, o el de homicidio por imprudencia, si se prueba que la fuerza y las medidas empleadas fueron desproporcionadas.

Contra Gómez Arruche

Por otra parte, Los Verdes solicitaron ayer, a través de un comunicado, la dimisión del director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.

A su juicio, el responsable del instituto armado "ha tenido la típica reacción corporativa de encubrimiento de los hechos y de exculpación de sus subordinados".

Los Verdes argumentan que "el talante de un responsable democrático y civil debiera haber sido muy distinto, pues el director general está para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y no para la defensa corporativa de los agentes".

Se da la circunstancia de que Los Verdes cuentan con un diputado en el Congreso, Francisco Garrido, que forma parte del Grupo Socialista.

El próximo jueves comparecerá a petición propia ante la Comisión de Interior del Congreso el ministro José Antonio Alonso, para informar sobre el caso y las medidas adoptadas por su departamento.