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El Gobierno estudia desclasificar decenas de informes del 11-M pedidos por el juez

El Ejecutivo se inclina por no dar documentos del CNI, pero sí de la policía y la Guardia Civil

El Gobierno tiene previsto decidir inmediatamente después de las vacaciones, probablemente en su reunión del 26 de agosto, si desclasifica decenas de documentos secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que ha solicitado el juez Juan del Olmo para incorporarlos al sumario sobre el 11-M. El Ejecutivo se inclina por no desclasificar ningún informe del CNI, pero sí algunos de la policía y la Guardia Civil. Si el juez no está de acuerdo, deberá recurrir al Supremo como hizo en 1995 su colega Baltasar Garzón para conseguir los papeles del Cesid.

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Diez años después, la historia se repite. En octubre de 1995, el juez Baltasar Garzón se dirigió al entonces ministro de Defensa, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, para pedirle los papeles del Cesid, al objeto de incorporarlos a los sumarios sobre la guerra sucia contra ETA. Ahora, ha sido el juez Juan Del Olmo quien se ha dirigido a los ministros de Defensa e Interior, José Bono y José Antonio Alonso, para reclamarles los informes secretos sobre el 11-M.

El pasado 15 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional elevó sendas exposiciones motivadas a los dos ministros con idéntica petición: "Solicitar la desclasificación, para su inclusión al sumario nº 20/2004, de cuantos datos, documentos, notas, informes, informaciones, análisis, estudios, investigaciones, etc. (cualquiera que sea su soporte y procedencia), obren en poder de los Servicios de Inteligencia del Estado (sea el Centro Nacional de Inteligencia, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, o cualquier otro Organismo, Centro o Servicio receptor, poseedor y/o custodio de los mismos), relativos a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y 3 de abril de 2004 en Leganés".

Así como "aquellos otros que con relación a las personas que a continuación se reseñan, y comprendidos entre el 1 de enero de 2002 y hasta la fecha actual, obren en su poder y guarden relación (siquiera sea leve o colateral) con las presuntas actividades delictivas que son objeto de esta instrucción judicial (o que signifiquen que con su actividad las pudieran haber facilitado o favorecido)".

Un listado de 90 nombres

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A continuación, el escrito del juez incluye 90 nombres, desde Jamal Zougam a Mohamed Haddad, que se corresponden con todos los imputados cuando se redactó la exposición motivada.

Consciente de la trascendencia de desclasificar documentos secretos, el juez alega que "la gravedad de los hechos objeto de instrucción, en combinación con la exigencia de asegurar la plenitud de la investigación judicial [...] obligan a interesar la información / documentación antedicha, por cuanto, en el presente caso especialmente, no puede quedar ajeno al procedimiento penal cualquier dato que facilite el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos, haga entender la dinámica comisiva, permita fijar la contribución personal y grupal a los atentados terroristas cometidos en Madrid, y facilite el exigible enjuiciamiento, a fin de alcanzar la verdad material".

Al mismo tiempo, el juez ofrece en su escrito la posibilidad de aplicar los beneficios previstos en La Ley de Protección de Testigos, "en el supuesto de tratarse de información que determine un riesgo personal".

El 28 de febrero, el secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo, envió un escrito a Del Olmo en el que le comunicaba que se había solicitado un informe al CNI "al objeto de que el Consejo de Ministros, como órgano competente, pueda disponer de los elementos necesarios para adoptar la decisión que corresponda". Un escrito similar remitió al juez el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El informe del CNI es contrario a la desclasificación de cualquier documento, según las fuentes consultadas. En cambio, Interior no ve inconveniente en remitir algunos informes al juez. La decisión está en manos del Gobierno, que decidirá en breve.

El juez Juan del Olmo, a la salida de la Audiencia Nacional.
El juez Juan del Olmo, a la salida de la Audiencia Nacional.ULY MARTÍN

El precedente de Garzón

La Sala Tercera del Tribunal Supremo decidió el 22 de marzo de 1997 desclasificar 13 papeles del Cesid (acrónimo que corresponde al anterior nombre del servicio secreto CNI) e incorporarlos a los sumarios sobre los casos Oñaederra, Lasa y Zabala y Lucía Urigoitia, todos ellos relacionados con la guerra sucia contra ETA en la década de los ochenta.

El Supremo invalidó así parcialmente el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del 2 de agosto de 1996, bajo la presidencia de José María Aznar.

Fue la culminación de un proceso de 18 meses, que se inició en octubre de 1995, cuando el juez Garzón reclamó la entrega de los documentos secretos al último Ejecutivo de Felipe González y éste planteó un conflicto de jurisdicción ante la Justicia, que le reconoció su competencia para clasificar determinados documentos como secretos.

Fue sólo el primer asalto, pues Garzón volvió a la carga tras la derrota electoral del PSOE. Aunque el Gobierno del PP también le negó los papeles -debido a la influencia del entonces ministro de Defensa Eduardo Serra-, le abrió la puerta para un recurso ante la Sala Tercera del Supremo que, a la postre, acabaría dándole la razón.

Conocedor de estos antecedentes, Del Olmo reproduce en sus escritos tanto la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 1995, como la de la Sala Tercera del Supremo. El juez alega que no pretende mermar la capacidad de los servicios de información ni poner en riesgo la integridad física de sus agentes o fuentes, pero agrega que los eventuales riesgos derivados del levantamiento del secreto deben ponderarse teniendo en cuenta "la relevancia penal de los delitos" investigados en el 11-M.

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