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Tribuna:FISCALIDAD

De las Sicav y otras pendencias

Si por algo se caracteriza la normativa tributaria es por la inseguridad jurídica que genera en los contribuyentes. Inseguridad que tan sólo es despejada muchos años después cuando nuestros tribunales fijan un criterio cuya firmeza obliga a su acatamiento por la Administración y los contribuyentes.

A solucionar dicha situación no contribuye la Dirección General de Tributos, cuya doctrina, recogida en las resoluciones que responden a consultas planteadas por los contribuyentes, es, con frecuencia, errática e incluso contradictoria.

En el contexto expuesto, la Inspección de Hacienda aporta su granito de arena con criterios interpretativos propios (incluso a nivel individual, no como colectivo) que introducen una mayor incertidumbre.

La doctrina de la Dirección General de Tributos es, con frecuencia, errática

De todo ello son ejemplo las polémicas suscitadas entre la Inspección, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las Sicav, que han sido objeto de la atención de los medios de comunicación, y ahora entre algunos miembros de la Inspección y el ministerio en relación con la exención del impuesto sobre el patrimonio concedida a las sociedades que cualifiquen como empresas familiares. Respecto del primer punto, se aboga por una regulación más acorde con la existente en los países de nuestro entorno, lo que, seguramente, contribuiría a zanjar la polémica. Respecto del segundo, algunas unidades de Inspección efectúan una interpretación restrictiva de dicha exención (interpretación que la haría prácticamente inoperante), que se pretende acorde con un criterio finalista de la norma, y que no es compartida por sus superiores.

Desconocemos el origen y la finalidad de dichas polémicas, aún cuando la Inspección insiste en que trata de evitar que desde el ministerio se coarten sus actuaciones de investigación de las grandes fortunas, sin que llegue con claridad a la opinión pública si es una situación planteada ex- novo o una carga que soportan desde la noche de los tiempos. Lo lamentable sería que, como en tantas ocasiones, los perjudicados, ya se trate de usuarios, consumidores o contribuyentes, fueran terceros ajenos a las partes en conflicto (Inspección de Hacienda y Ministerio de Economía y Hacienda en este caso).

No es éste el lugar para entrar en argumentaciones técnicas que aburran a los lectores; bástenos señalar que, como en toda cuestión interpretativa, pueden esgrimirse argumentos a favor y en contra cuya bondad sólo podrá dilucidar un tercero revestido de la necesario autoridad. Pero sí puede ser el momento y el lugar para denunciar que estas situaciones deberían ser excepcionales y, en todo caso, dar lugar a la necesaria reforma de las normas tributarias vigentes que permitieran evitar que las situaciones de pendencia se perpetúen agravando la situación de inseguridad a que aludíamos al principio.

Prueba de que el único camino adecuado para esas situaciones es la reforma legislativa (en el sentido que se considere más correcto y no la filtración a la prensa de noticias sobre polémicas internas), lo tenemos en el proyecto elaborado y sometido a tramitación por la Generalitat de Cataluña en relación con algunas de las materias objeto de conflicto entre la Inspección y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Ése es el camino para garantizar la seguridad jurídica, si es preciso andarlo debe hacerse sin necesidad de esperar a un pronunciamiento de nuestros tribunales y al margen de polémicas e intereses distintos de los generales.

El autor sostiene que la normativa tributaria se caracteriza por

la inseguridad jurídica que genera en los contribuyentes y destaca que

la reforma legislativa de las sociedades de inversión de capital variable

(Sicav) es el único camino adecuado para solventar esta situación.

Carlos Casanova Caballero es miembro de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Tributario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005