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Tribuna:AULA LIBRE

Flexibilidad y autonomía para las universidades

Carta abierta a la ministra de Educación y Ciencia.

Mediante esta carta nos proponemos intervenir públicamente en el debate en torno a la reforma de los estudios universitarios y del catálogo de títulos oficiales que ha ocupado los medios de comunicación en los últimos meses. Nos mueve el convencimiento de que en la comunidad universitaria existen posiciones variadas con relación a esta reforma y que planteamientos como los que defendemos no han aflorado de forma suficiente en los debates abiertos, debates que en muchos casos se han centrado en la mayor o menor reducción del catálogo oficial de títulos o en la inclusión o no de un determinado título. Queremos dar nuestra opinión con el máximo respeto a quienes defienden posturas alternativas, pero con el declarado propósito de enriquecer la discusión con elementos que en nuestra opinión no se han valorado de forma suficiente. Pensamos, además, que nuestras ideas son compartidas por sectores amplios y significativos de la Universidad.

La norma general debería ser que los estudios de grado duraran tres años

Flexibilidad y autonomía son, como reza el encabezamiento, los principios que a nuestro juicio deben presidir el proceso de reforma que ahora abordamos. Quiere eso decir que demandamos para las universidades españolas la mayor capacidad de decisión posible. Por ello, creemos que la formulación del futuro catálogo de títulos, así como el subsiguiente proceso de definición de los contenidos mínimos de cada uno de ellos, deben realizarse de forma que proporcionen a las universidades la mayor libertad posible a la hora de configurar sus ofertas académicas. Sólo de esta manera podrán diversificar de forma real sus ofertas de estudios, algo verdaderamente esencial si queremos ofrecer a los estudiantes verdaderas posibilidades de elección. Un reciente e interesante comunicado de la Comisión de las Comunidades Europeas

[SEC (2005) 518, http:europa.eu.int/] señala la uniformidad como uno de los principales puntos débiles del sistema universitario europeo. La normativa debería por tanto facilitar e impulsar que las universidades se especializaran y generasen ofertas académicas diferenciadas, lo cual, además de beneficiar a los estudiantes, permitiría una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Veamos a continuación cómo deben concretarse estos principios de flexibilidad y autonomía.

La norma general debería ser que los estudios de grado tuvieran una duración de tres años (180 créditos ECTS). Obviamente, esta norma dejaría fuera los estudios regulados mediante normativas europeas y tal vez unos pocos estudios más. En consecuencia, la mayoría de estudios de master tendría una duración de dos años, fórmula mayoritaria en los países europeos. Hay muchas razones académicas y sociales a favor de este esquema de "tres más dos", pero aquí nos limitaremos a destacar que es la opción que proporciona más flexibilidad y autonomía a las universidades, dado que la mayor parte de los estudios de postgrado será definida enteramente por ellas. De hecho, si se generaliza la opción de cuatro años para el grado, los recursos con que cuentan las universidades se verán seriamente comprometidos en ese primer ciclo, con lo que el margen para el desarrollo del segundo y tercer ciclo se reducirá de forma considerable. Igualmente, después de estudiar cuatro o más años (en España es habitual que los estudios duren más de los previstos) muchos estudiantes desistirán de comenzar un master. Y no olvidemos que es la articulación flexible de los estudios en dos ciclos la que genera verdadera riqueza y diversidad en la oferta. Si la mayoría de estudiantes, como ahora, se limitase a cursar el grado, se perderían los beneficios fundamentales de la reforma.

Por otra parte, creemos que la relación de títulos de grado debiera ser lo más amplia posible, pues esa amplitud permitirá, como ocurre en muchos países, que existan verdaderas opciones de elección, tanto para que las universidades puedan elaborar la oferta académica que mejor se adapta a sus intereses y potencialidades como para proporcionar a los estudiantes un amplio abanico en donde elegir. Una relación de títulos de grado limitada sólo tendría sentido si cada uno de esos títulos, con una denominación genérica amplia, constituyera el soporte académico básico para que las universidades construyeran una oferta específica propia, bajo específicas y más precisas denominaciones. Esas denominaciones específicas y singulares debieran, asimismo, tener carácter oficial.

Tanto en un caso como en el otro, los contenidos fijados mediante directrices generales debieran ser realmente mínimos, dejando a las universidades una amplia capacidad para definir los contenidos de cada grado. Este requisito se tornaría imprescindible si la vía por la que se opta es la configuración de un catálogo limitado de títulos con denominaciones genéricas de amplia formulación. Sólo así se podrían construir grados específicos verdaderamente diferenciados. Si se adoptara alguna de estas soluciones (un catálogo amplio y ampliable, un catálogo de "genéricos" o un "no-catálogo"), los debates que han aflorado a la opinión pública carecerían de sentido o discurrirían por cauces algo más templados.

Para acabar, pensamos que las universidades no deben permanecer ancladas en esquemas que obedecen a las tradicionales concepciones uniformizadoras del sistema de educación superior español. Al contrario, debemos apostar con valentía por la diversidad, la flexibilidad y el ejercicio responsable de la autonomía universitaria. La existencia de un título en el catálogo o en una universidad no obliga a ninguna otra a programarlo. Análogamente, si una universidad considera que un determinado estudio no se ajusta a sus planteamientos académicos, lo que debe hacer es no ofrecerlo y no solicitar que se elimine del catálogo oficial.

Sin flexibilidad y autonomía nuestra incorporación al espacio europeo de educación superior constituirá, en cierta medida, un proyecto fallido, pues seguiríamos siendo un bloque monolítico, cerrado y carente de diversidad; justo lo contrario que nos ofrece, en su conjunto, ese espacio del que vamos a formar parte. Expresado en términos prácticos y de modo sintético: ¿tendría sentido que nuestras universidades no pudieran ofrecer un determinado título de grado cuando alguno de similar contenido y denominación se le reconocerá a quien lo haya cursado en otra universidad europea? A nuestro juicio la respuesta es que no. Actuemos, por tanto, universidades y Administración, en consecuencia.

Juan Ignacio Pérez es rector de la Universidad del País Vasco y Lluís Ferrer es rector de la Universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de junio de 2005