La Fiscalía de México retira los cargos contra el alcalde de la capital

La Fiscalía mexicana descartó ayer iniciar una acción penal contra el alcalde de la capital del país, Andrés Manuel López Obrador, pese a considerarle "probable responsable" de desacato de una orden judicial. La Procuraduría General de la República (PGR) indicó en un comunicado que el alcalde del Distrito Federal "no será procesado" y justificó su decisión en que no existe una sanción penal por el delito de desacato.

Con esta decisión de la Fiscalía se cierra un conflicto que comenzó en mayo de 2004 y que generó fuertes tensiones políticas y un agrio enfrentamiento entre los Gobiernos municipal y federal durante un año. El alcalde de la capital llegó a acusar al Gobierno del presidente Vicente Fox de orquestar una campaña para quitarle sus derechos políticos con el objetivo de dejarlo fuera de las elecciones presidenciales de 2006, extremo que el jefe del Estado negó.

El pasado 27 de abril Fox anunció la dimisión del hasta entonces Procurador General de la República (fiscal general), Rafael Macedo, y un cambio de estrategia respecto al desafuero para desactivar el conflicto que se había generado ante la posibilidad de que López Obrador quedara eliminado como contendiente en las presidenciales de 2006.

Fox ordenó al nuevo fiscal, Daniel Cabeza de Vaca, revisar el expediente sobre el proceso de desafuero del alcalde para garantizar los derechos políticos de López Obrador. La PGR aseguraba en su petición de procesamiento que estaba demostrado que López Obrador desobedeció una orden dictada por un juez en marzo de 2001, y que este delito también "fue acreditado y reconocido en la Cámara de Diputados" al retirar la inmunidad institucional al alcalde el pasado 7 de abril en un juicio celebrado por el pleno de la Cámara.

No obstante, la Fiscalía consideró que para abrir un procesamiento judicial no basta acreditar el delito y la probable culpabilidad, "sino que es necesario verificar la existencia de la acción penal, situación que en la opinión de la representación social no se da". Añadió que la "ley no establece la pena aplicable, como lo exige la garantía contenida en el Artículo 14 de la Constitución".

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