Los silencios de Alperi

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, imputado por el escándalo de Mercalicante -desfalco de unos seis millones de euros de esa empresa semipública- se acogió a su derecho a no responder a las preguntas que le formularon el martes las acusaciones populares, ejercidas por el PSPV y por el dirigente vecinal José Luis Valdés. Son 44 preguntas sin respuesta.

"Diga ser cierto que la nave frigorífica fue construida por NECSO sin que conste acuerdo alguno de órgano de administración de Mercalicante", interpeló al alcalde el letrado de Valdés, Gabriel Moratalla, a mitad de su interrogatorio. "Diga ser cierto si el 17 de marzo de 2000 Mercalicante efectuó una operación de préstamo por importe de 400 millones de pesetas con La Caixa sin que previamente hubiera sido aprobada por órgano alguno de Mercalicante", le espetó después. "Diga ser cierto", continuó, "si el señor Zaragoza (concejal del PP y vicepresidente de Mercalicante) firmó con el BBVA una operación de leasing por importe de 254 millones sin contar con poder alguno de los órganos competentes de Mercalicante".

Más profuso en preguntas fue el letrado del PSPV. 34 cuestiones planteó el abogado. He aquí algunas de ellas: "¿Conoce el declarante que en calidad de presidente del consejo de administración debe velar por el buen funcionamiento y la alta inspección de la empresa tal y como figura en los estatutos de la misma?", "¿Es una dejación de sus funciones desconocer que el señor Clavero [ex gerente que presuntamente se apropió de dinero de Mercalicante] contrató un abogado externo, se excedió en sus poderes en cuando a disposición e incluso se apropió de dinero de la empresa?", "¿Se produce también esta dejación con respecto a la cuenta de gerencia de la que se le informaba mensualmente, con un saldo deudor que llegó a 421.000 euros?", "Si conoce que las contrataciones, al ser una empresa semipública, están sujetas a los principios de publicidad y libre concurrencia y, si es así, ¿por qué se contrató directamente con la empresa Tenos?", "¿Por qué la licitación de las obras de construcción de naves ascendía a 696 millones de pesetas y se adjudicó por 912", "¿Puede desglosar los costes entre la licitación de la obra y los 1.563 millones que finalmente costó?", ¿Sabía si la hija del señor Zaragoza trabajaba primero para Mercalicante y luego para LAF [empresa vinculada a la firma agroalimentaria]".

Antes de este interrogatorio sin respuesta, Díaz Alperi contestó al fiscal y, en un episodio de su declaración se refirió en estos términos a su concejal Juan Zaragoza, también imputado en esta causa: "Trimestralmente la gerencia de Mercalicante me pasaba un informe de gestión, pero cuando el gerente tenía que despachar algún asunto entre reunión y reunión de la comisión ejecutiva o el consejo, despachaba con los vicepresidentes, que eran los señores Simón [de Mercasa] y Zaragoza".

Ayer, el grupo municipal socialista anunció que está estudiando la posibilidad de ampliar la querella a todo el consejo de administración. El concejal Ángel Franco denunció ayer que los abogados de Mercalicante y del Ayuntamiento, en vez de buscar el interés general, actuaron como defensores del alcalde.