Inmigración y atención sanitaria
El debate al que, desde hace algunos años, asistimos en torno al fenómeno de la inmigración, está viéndose impulsado a raíz de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para regular el fenómeno. Desde Médicos del Mundo, intentamos contribuir a este debate, desde la experiencia que hemos adquirido a lo largo de más de 10 años atendiendo a la población inmigrante en situación de precariedad en la Comunidad Valenciana. Uno de nuestros principales empeños ha sido perseguir que todas las personas inmigrantes puedan acceder de forma normalizada al sistema público de salud, independientemente de su situación administrativa. Con la aprobación de la LO 4/2000 se vio reconocido este derecho para todos los extranjeros empadronados, lo cual supuso un avance considerable que permanece en la legislación vigente LO 14/2003. En la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto 26/2000 se extendió el derecho a aquellos extranjeros no empadronados. Aún así nos consta que, de forma habitual, se ha exigido el empadronamiento para acceder a la tarjeta sanitaria. A pesar de los avances señalados, se detectan situaciones de desprotección que dificultan y, a veces, impiden el acceso al sistema sanitario público y afectan, principalmente, a los inmigrantes expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad.
La población inmigrante que llega a la Comunidad Valenciana es una población mayoritariamente joven, siendo el grupo de edad comprendido entre los 25 y los 34 años el que mayor número de inmigrantes recoge. De los 413.760 inmigrantes censados en el año 2003 en la Comunidad Valenciana, 100.131 pertenecían a este grupo de edad y 70.133 se encontraban en el siguiente grupo, entre los 35 y los 44 años, (en total, el 41,2%). Cabe señalar que las familias suelen poner todas sus esperanzas en el miembro que emigra, con lo que es lógico que suelan hacerlo aquellas personas que gozan de un mejor nivel de salud. En ocasiones, además, el viaje migratorio es largo y requiere de una alta preparación física, como es el caso de las migraciones provenientes del África Subsahariana.
Desde nuestra experiencia, hemos podido comprobar que los problemas de salud que padecen los inmigrantes suelen generarse aquí, en la sociedad de acogida, y se derivan de las situaciones de precariedad sociolaboral a las que se ven expuestos algunos de ellos. Las largas jornadas en el campo, el cuidado de personas dependientes, el trabajo en la construcción, pueden favorecer la emergencia de enfermedades, principalmente en aquellas situaciones en las que la falta de "papeles" posibilita la explotación laboral. Han sido numerosas las situaciones denunciadas por las Organizaciones Sindicales en relación con la explotación laboral a las que están expuestos los inmigrantes en situación administrativa irregular. Además, la situación de "invisibilidad" e "ilegalidad" a la que aboca la falta de documentación se conjuga con el duelo experimentado por la distancia de la familia y las redes personales, los miedos derivados del desconocimiento de la sociedad de acogida y las necesidades sociales y económicas sin cubrir. Esta situación facilita la aparición de trastornos adaptativos que no derivan de la condición de inmigrantes, sino de la situación de precariedad que acompaña al colectivo de "inmigrados". La intervención psicosocial con inmigrantes, destinada a trabajar este tipo de situaciones, debería implantarse desde los servicios públicos para hacer frente a esta nueva realidad. La afirmación de que los inmigrantes, en general, importan enfermedades a las sociedades de acogida, no responde a la realidad, y resulta promotora de sentimientos xenófobos.
Para garantizar el derecho a la salud, debe profundizarse en la extensión de la atención sanitaria para todos los inmigrantes, salvando los obstáculos que, en la actualidad, generan situaciones de desprotección por carencia de tarjeta o imposibilidad de acceso a la misma. La realidad actual lleva a la necesidad de implantar la figura del mediador de salud en la red de atención pública y de impulsar servicios de atención psicosocial y psiquiatría transcultural. Al mismo tiempo, pensamos que deben establecerse estrategias encaminadas a garantizar el acceso gratuito a las prestaciones farmacéuticas de todos aquellos inmigrantes que realmente se encuentren en una situación socioeconómica precaria. La prestación gratuita no debe ir asociada a la condición de inmigrante, sino a la necesidad económica y debe estar cubierta también, lógicamente, para todos los españoles que se encuentren en una situación de precariedad.
La idea, extendida en parte de la opinión pública, de que los inmigrantes pueden llevar a la quiebra de nuestro Sistema de Salud, es una idea no fundamentada. A los argumentos ya expuestos sobre el estado de salud general de los inmigrantes, debe añadirse el hecho de que un gran número de ellos se encuentran cotizando a la Seguridad Social, concretamente 127.768, constituyendo el 11,7% de los trabajadores afiliados. Tampoco puede perderse de vista el gasto ocasionado por los extranjeros comunitarios y la práctica del turismo sanitario en los que no suele pensarse cuando se trata este asunto. Estas personas suelen tener posibilidades de atención médica en sus países de origen, poseen recursos y acuden a la Comunidad Valenciana con motivaciones bien distintas a las de aquellos que vienen en busca de un trabajo que les ofrezca la posibilidad de mejorar una situación de dificultad.
El gasto que supone la cobertura sanitaria y farmacéutica de los inmigrantes, no debe utilizarse como argumento para culpabilizarles de los problemas que acarrea el Sistema Sanitario en la Comunidad Valenciana. Estos problemas están relacionados, más bien, con la falta de adaptación del sistema sanitario a la nueva situación generada con la llegada de inmigrantes a nuestra Comunidad. Tampoco las prácticas fraudulentas en relación con las prestaciones farmacéuticas puede vincularse a la inmigración, como se ha venido difundiendo desde algunos medios de comunicación. A la Administración le corresponde poner en marcha las medidas oportunas para evitar estas actuaciones fraudulentas, que afectan a la calidad de nuestro Sistema de Salud. También a la Administración le corresponde establecer las vías necesarias para que los extranjeros que se encuentren en España trabajando puedan obtener un permiso de trabajo que les permita cotizar a la Seguridad Social. El proceso de normalización iniciado el pasado 7 de febrero puede contribuir a mejorar esta situación, aunque es previsible que muchos extranjeros que residen desde hace meses en esta Comunidad y se encuentran trabajando sigan viviendo en la clandestinidad.
Blanca Nogués y Albert Mora pertenecen a Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana.
