Oposición y equipo de gobierno se enzarzan en el pleno por el área verde de aparcamiento
Trinitat Vella y Poble Sec optan a la segunda convocatoria de la Ley de Barrios
A tres días vista de la entrada en funcionamiento del área verde de aparcamiento en el Eixample y Ciutat Vella, la discusión en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Barcelona, además de algunas concentraciones en la plaza de Sant Jaume, reflejó ayer la polémica que ha causado la decisión del consistorio de regular las 12.398 plazas de aparcamiento libre que quedaban en los dos distritos. Mientras, en las calzadas del Eixample barcelonés, la inmensa mayoría de los vehículos aparcados no exhibían todavía los distintivos que en teoría han recibido los residentes.
Una plataforma vecinal ...
A tres días vista de la entrada en funcionamiento del área verde de aparcamiento en el Eixample y Ciutat Vella, la discusión en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Barcelona, además de algunas concentraciones en la plaza de Sant Jaume, reflejó ayer la polémica que ha causado la decisión del consistorio de regular las 12.398 plazas de aparcamiento libre que quedaban en los dos distritos. Mientras, en las calzadas del Eixample barcelonés, la inmensa mayoría de los vehículos aparcados no exhibían todavía los distintivos que en teoría han recibido los residentes.
Una plataforma vecinal "contra la regulación del aparcamiento" repartía folletos en la plaza de Sant Jaume, donde un grupo de agentes de la Guardia Urbana también se manifestaba contra esa regulación, no por el sistema, sino porque el consistorio ha contratado a 90 personas como vigilantes. Y eso, entienden, resta contrataciones en el cuerpo de policía local.
En la sala de plenos, CiU y el PP unieron, en cierto modo, sus voces para pedir la paralización de la regulación del aparcamiento. CiU, por boca del edil Jaume Ciurana, propuso que toda Barcelona destine las plazas libres de aparcamientos para residentes de foma gratuita. "Y después de dos años, estudiar el resultado y regular el aparcamiento", precisó Ciurana. Para el PP, se trata simplemente de no regular nada, "porque más que una zona verde lo que va a ocurrir es que Barcelona se convertirá en una inmensa zona azul", dijo el presidente popular, Alberto Fernández Díaz. Ambos grupos insisten en que el único motivo de la regulación es recaudar más.
"Se me ocurren fómulas mucho más sencillas que el área verde de aparcamiento si el único objetivo fuese recaudar, y menos polémicas", les contestó Jordi Hereu, concejal de Vía Pública del consistorio. En la ciudad se producen a diario un millón de desplazamientos de vehículos que entran y salen, y 650.000 movimientos internos. "¿Hasta cuándo se podrá aguantar?", se preguntaba Hereu, contrario a que todas las plazas de la ciudad -sin zonas- fueran para residentes "porque, lejos de disuadir de la utilización del vehículo privado, se podrían incentivar los movimientos internos".
En el pleno de ayer, a preguntas de Alberto Fernández Díaz, el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, concretó que los dos barrios que el consistorio propone para la Ley de Barrios de la Generalitat son los de Trinitat Vella y Poble Sec, ya que el Carmel -que también estaba en la lista de los barrios seleccionados por el consistorio- ha sido declarado Área Especial de Rehabilitación Integral (AERI) y tiene un plan específico.
Oposición y gobierno municipal volvieron a enfrascarse en una larga polémica a propósito de la exclusión de representantes de CiU y el PP de las sociedades municipales. Algunas de ellas, como Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) y Barcelona de Servicios Municipales (BSM), manejan buena parte de las inversiones y constituyen, en opinión de la oposición, una "administración a la sombra". La cuestión de hecho es objeto de negociación desde hace meses, pero no se llega a un acuerdo.
Negociación sobre Can Ricart
El futuro de la colonia industrial de Can Ricart, en el 22@, enfrentó ayer a concejales del tripartito municipal y los de la oposición. CiU planteó una moratoria -últimamente la formación nacionalista plantea moratorias o suspensiones en muchas patatas calientes que tiene la ciudad, como el trazado del AVE o el área verde- del derribo de las naves y estudió las posibilidades de otra reparcelación del territorio que ha ocupado esa colonia industrial. Xavier Trias, presidente de CiU, afirmó que parecía que el consistorio "quiera echar a las empresas" que trabajan en la colonia, lo que causó el enfado de los socios del equipo de gobierno. Xavier Casas, primer teniente de alcalde, señaló que el consistorio estaba intermediando entre la propiedad de Can Ricart -el marqués de Santa Isabel- y los trabajadores afectados para buscar reubicaciones. En cuanto a la preservación de la colonia, Casas señaló que dos de las naves, la chimenea y la torre del reloj están catalogadas y, por tanto, protegidas. "Lo que no entiendo es cómo apoyaron el plan especial de Can Ricart -en referencia a CiU - y hasta se congratularon porque no generaba edificios de altura, y ahora se oponen. ¿Cuál es su criterio?", cuestionó Casas. "Es que no conocía la zona", contestó Trias.
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