LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

La Junta tendrá capacidad para fijar el cupo de contratación de inmigrantes, según el PSOE

Los socialistas abogan por que el presidente andaluz pueden convocar consultas populares

La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía es un documento abierto y de partida para la negociación y en él hay alguna concesión al Partido Popular como la que figura en un nuevo título referido a la Organización Territorial, en el que se prevé la posibilidad de delegar competencias a los Ayuntamientos con la necesaria suficiencia financiera. Los socialistas andaluces proponen la capacidad de la Junta para fijar el cupo de contratación de inmigrantes y defienden dotar al presidente de la Junta de la facultad de convocar consultas populares.

Las iniciativas del PSOE...

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La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía es un documento abierto y de partida para la negociación y en él hay alguna concesión al Partido Popular como la que figura en un nuevo título referido a la Organización Territorial, en el que se prevé la posibilidad de delegar competencias a los Ayuntamientos con la necesaria suficiencia financiera. Los socialistas andaluces proponen la capacidad de la Junta para fijar el cupo de contratación de inmigrantes y defienden dotar al presidente de la Junta de la facultad de convocar consultas populares.

Las iniciativas del PSOE sobre la reforma del Estatuto no dejan ningún punto sin tocar, excepto la limitación de mandatos del presidente de la Junta o la no coincidencia electoral de los comicios andaluces con otros, aspectos en los que han insistido el resto de las formaciones parlamentarias que ayer registraron sus iniciativas en la Cámara.

Los socialistas incluyen cuatro nuevos títulos al Estatuto de Autonomía y no han presentado modificación alguna al título que regula la propia reforma del Estatuto. Algunos expertos eran partidarios de rebajar las condiciones actuales, que incluye la celebración de un referéndum.

Los nuevos títulos son: Derechos Sociales y Políticas Públicas; Medios de Comunicación, Medio Ambiente y Organización Territorial.

Guiño al PP

En este último figura un guiño al Partido Popular, según estiman algunas fuentes socialistas, al prever la posibilidad de transferir competencias en los ayuntamientos "siempre con la necesaria suficiencia financiera". Los populares consideran irrenunciable en la negociación estatutaria que el nuevo texto consagre el pacto local. Las propuesta del PSOE también prevé la incorporación del actual Fondo de Nivelación Municipal.

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En cuanto a las provincias, los socialistas no han hecho ningún caso de lo dicho por algunos comparecientes en la comisión de desarrollo estatutario, partidarios de dejar arrinconadas a las diputaciones. Por el contrario, dicen que la "administración autónoma de la provincia corresponde a la Diputación" y remiten a la elaboración de una ley para establecer las competencias de las mismas. En cuanto a las comarcas, una figura a la que muchos en el PSOE son contrarios, los socialistas la mantienen aunque las equiparan a otras agrupaciones de municipios como las mancomunidades, áreas metropolitanas o consorcios.

En el título segundo, referido a la Organización Institucional de la Comunidad Autónoma, los socialistas andaluces incluyen la paridad en las listas electorales ya regulada en la ley electoral, mencionan instituciones ya creadas como la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Consultivo, suprimen la remisión del sistema electoral al Congreso y facultan al presidente de la Junta de Andalucía para proponer la convocatoria de consultas populares sobre "decisiones políticas de especial trascendencia para Andalucía y que afecten a competencias propias de la comunidad autónoma".

Con vistas a la previsible reforma del Senado, el PSOE apunta que la elección de los senadores en representación de la comunidad no deban ser como ahora parlamentarios autonómicos sino que podrá recaer en cualquier persona que "reúna la condición política de andaluz". En este título también se incluye como norma obligatoria en el Estatuto la de celebrar debates electorales en los medios de comunicación públicos.

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