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Editorial:

Ley draconiana

El proyecto de ley contra el tabaco aprobado ayer por el Consejo de Ministros es extraordinariamente severo, en contraste con la relativa permisividad hasta ahora mantenida en este terreno. España, junto con Alemania, es uno de los países de la UE con más baja puntuación en legislación sobre fumadores en espacios públicos y sobre publicidad del tabaco; es también uno de los países en los que la reducción del tabaquismo ha avanzado más lentamente, de forma que todavía el 35% de los mayores de 15 años son fumadores. La duda que plantean estos datos es si el cambio no será demasiado brusco y la normativa se convertirá, como suele ocurrir con las leyes poco realistas, en papel mojado. La Organización de Consumidores y Usuarios denunció el pasado año que la prohibición de fumar en determinados espacios -hospitales, colegios, bibliotecas-, vigente hace años, se incumple en un 75%.

La otra cara de la moneda es la de los efectos del tabaquismo. A las 55.000 muertes prematuras al año por enfermedades atribuibles a esa droga hay que sumar las enfermedades crónicas derivadas y el coste social de la atención sanitaria correspondiente.

Durante años, el debate sobre la cuestión se planteó en términos de libertad individual frente a efectos sociales. Nadie podía ser obligado a renunciar a matarse lentamente. El equilibrio se rompió en Estados Unidos en la década de 1980 con la difusión de estudios acerca de los efectos del tabaco sobre los no fumadores, que pasaron a ser denominados, para subrayar el mensaje, fumadores pasivos. Desde entonces la legislación evolucionó en el sentido de dar prioridad a los derechos de los no fumadores sobre los de los fumadores.

Lo más llamativo del proyecto es la prohibición de fumar en todos los centros de trabajo, eliminando incluso la posibilidad de habilitar espacios separados para fumadores y toda publicidad en los medios. Sobre lo primero, los sindicatos se han mostrado de entrada reticentes, recordando que el tabaquismo es una enfermedad adictiva que no se corrige sólo con prohibiciones. También pueden ser polémicas las restricciones establecidas para bares y restaurantes, que ya han provocado protestas del sector. El proyecto puede afinarse en el trámite parlamentario, reforzando sus aspectos preventivos, sobre todo en relación a los adolescentes, que cada vez se inician a edad más temprana. Pero también conviene prevenir reacciones inquisitoriales, de coacción social, como las producidas en Estados Unidos, donde ya hay empresas que han establecido la prueba de la nicotina en sangre para seleccionar o despedir a su personal. Un fumador es un problema social, pero es también un enfermo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de abril de 2005